El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner y a más de 200 imputados en un expediente vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas. Es el que investigó el presunto pago de coimas por parte de las empresas de colectivos que recibían subsidios del Estado.

 

El juez Claudio Bonadio la había procesado como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar esos sobornos. Los delitos eran “asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta”. Pero la Cámara de Casación anuló esa decisión y después de varios meses, el magistrado decidió dictar el sobreseimiento. En otra causa vinculada al caso cuadernos, la Cámara sí confirmó la ampliación de una acusación contra la actual senadora y candidata a vicepresidenta.

El sobreseimiento para la vicepresidenta, se dictó en la investigación sobre los subsidios al servicio de transporte de colectivos. Para el fallecido juez Bonadio, los supuestos retornos por parte de las empresas beneficiadas con los subsidios fueron parte de una “maniobra delictiva” que se estructuró desde el Ministerio de Planificación Federal.

Para la Justicia, aquella asociación ilícita -por la que fue enviada a juicio Cristina Kirchner-, “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente”.

En este tramo, se había planteado que en el área de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, generaron como “partícipes de la maniobra”, un perjuicio al Estado de casi 610 millones de pesos.

La maniobra consistía en ​entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas. Pero los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron que la investigación se profundice.

Después de que se ordenaran una serie de medidas de prueba, para profundizar la investigación, el juez Martínez De Giorgi a cargo del juzgado que perteneció a Bonadio, dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Se descartó, tras una evaluación completa e integral la existencia de las “diversas circunstancias fácticas de los eventos investigados”, y en consecuencia, no se logró dilucidar “la existencia de un obrar delictivo tendiente a lograr un beneficio particular a costa del interés público, a través del otorgamiento u obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros”.

En su momento, Bonadio había argumentado que los acusados eran “comandados por Cristina Kirchner” y armaron un sistema de recaudación que posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes “superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”. Esa maniobra ilegal “pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial”.

Entre los empresarios que seguirán siendo investigados en esta causa, se encuentran Mario Cirigliano, Carlos Kovac, Héctor Ledesma, pero junto a más de 200 imputados, quedaron también sobreseídos.

A la fecha, Cristina Kirchner quedó procesada con confirmación y enviada a juicio oral, sólo en la causa principal de Cuadernos y en dos expedientes conexos: la cartelización en la obra pública y los subsidios a los trenes.