La mayor selva tropical del mundo pierde 11.088 kilómetros cuadrados de árboles en el último año, un 9,5% más que el año anterior.

Malas noticias para el planeta. La deforestación de la Amazonia —la cifra anual por la que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil— se ha disparado en el último año hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 12 años. La mayor selva tropical del mundo, clave para frenar el cambio climático, perdió 11.088 kilómetros cuadrados de árboles, según el balance anual difundido este lunes por las autoridades. Este aumento del 9,5% respecto al año anterior pone en evidencia los graves efectos de la política del presidente, Jair Bolsonaro, de debilitar las inspecciones medioambientales, alentar la impunidad para los invasores de tierras y despreciar a los indígenas que quieren preservar sus tierras.

La Amazonia es tan inmensa que Greenpeace ha hecho unas cuentas para que sea más fácil entender el calibre de la pérdida. Son 626 millones de árboles talados. Es como si cada minuto del último año la Amazonia hubiera perdido el equivalente a tres campos de fútbol, hasta sumar cerca de 1,58 millones de estadios. La ONG sostiene en una nota que “el desmantelamiento de los órganos y las políticas medioambientales nos ha llevado a una tasa casi tres veces mayor que la meta de reducción de la deforestación para el año 2020 establecida por ley”.

Dos miembros del Gobierno —ambos militares del ala más pragmática, menos ideológica, del Gabinete— han participado de la presentación de los datos. En cambio, el ministro de Medio Ambiente, no estaba junto a ellos. “No estamos aquí para celebrar nada de esto, porque esto no es para celebrar”, ha declarado el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. A su lado, el titular de Ciencia, Marcos Pontes, el primer astronauta de Brasil. El vicepresidente ha animado a los inspectores, a menudo vapuleados por Bolsonaro, a seguir haciendo su trabajo guiados por la ciencia, la tecnología y la ley.

El responsable del Observatorio del Clima, Marcio Astrini, sostuvo el lunes en el principal informativo nocturno de Brasil que el “preocupante” aumento de la deforestación es “resultado de un proyecto que está siendo implementado por el Gobierno”. Y enumeró algunas de esas acciones: “Por ejemplo paralizó el cobro de multas, debilitó el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), echó fiscales que combatían los delitos ambientales, redujo las operaciones sobre el terreno, el presupuesto… El Fondo Amazonia (con dinero noruego y alemán) está congelado, existen una serie de medidas de incentivo al grilagem (usurpación) de tierras, a la extracción ilegal de madera…”.

La cifra conocida este lunes es resultado de las mediciones que realiza mediante satélites el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE). Es un balance anual que abarca la superficie de árboles destruida entre agosto de 2019 y julio de 2020. Siempre tardan varios meses en ser públicas. Y suponen un balance preliminar que solo se consolida con los datos definitivos en el primer semestre del año.

El Gobierno de Bolsonaro es perfectamente consciente de que la política medioambiental es crítica en sus relaciones exteriores, tanto con la Unión Europea como los será con Estados Unidos cuando Joe Biden asuma la presidencia en enero. La ecología tiene un enorme peso en el proceso de ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El despliegue de miles de soldados brasileños en las zonas más sensibles y la creación del Consejo de la Amazonia para coordinar a todos los organismos implicados en el cuidado del medioambiente y la lucha contra los incendios no ha revertido el aumento de la deforestación que comenzó antes de que Bolsonaro llegara al poder, pero que se ha acelerado en estos dos años.

La destrucción de la Amazonia superó en 2004 los 27.000 kilómetros cuadrados (casi el triple que ahora). Fue el primer año de Lula da Silva como presidente. A partir de entonces la destrucción anual de árboles fue disminuyendo hasta alcanzar en 2012 los 4.570 kilómetros cuadrados (el mínimo desde que hay mediciones). Y a partir de ahí, con Dilma Rousseff en el poder, comenzó de nuevo el aumento hasta alcanzar la cifra actual.

La organización ecologista WWF destaca en un comunicado que la deforestación registrada desde que Bolsonaro gobierna indica la desconexión del Gobierno de los desafíos y oportunidades (también económicas) que supone la Amazonia.

El INPE tiene otro sistema, que contabiliza alertas cada mes y sirve para movilizar a los inspectores ambientales o la policía, que ya había indicado que la deforestación seguía en aumento. Greenpeace critica que pese a eso “la respuesta del Gobierno federal al aumento de la deforestación ha sido maquillar la realidad, militarizar cada vez más la protección ambiental y trabajar para frenar las acciones de la sociedad civil, dañando nuestra democracia”, según una portavoz.