El día en que se cumplen 5 años de la detención de la dirigente social Milagro Sala, un grupo de más de 1600 referentes políticos, judiciales, sindicales y de movimientos populares difundieron una carta de apoyo a la líder jujeña y a quienes denominan “presos políticos” de la agrupación Tupac Amaru.

Entre los firmantes aparecen Jorge Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional), Dora Barrancos (asesora presidencial), Julio Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires), Cristina Caamaño (Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia), Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos de la Nación), Adriana Puiggrós (asesora presidencial), Mayra Mendoza (Intendenta de Quilmes), Paula Español (Secretaria de Comercio Interior), la senadora nacional Nancy González, los diputados nacionales por el Frente de Todos, Eduardo ValdésMónica Macha, Lucía Corpacci, Paula Penacca y el dirigente social Juan Grabois (Frente Patria Grande), entre otros.

En el escrito se denuncia “el proceso ilegítimo de detención y persecución” contra Sala y otros dirigentes, apuntan sus críticas hacia el gobernador de la provincia norteña, el radical Gerardo Morales (que pertenece a Cambiemos) y al Poder Judicial jujeño. “Milagro está presa por ser una dirigenta política que enfrentó al poder”, se afirma en un tramo de la carta.

“Nos proponemos dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre” comienza la carta y continúa contra Morales: “La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Y un objetivo bien determinado: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social”.

“Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”, asegura el texto y luego describe el proceso judicial y concluye: “Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Además de la carta, una comitiva integrada por algunos de los firmantes viajará este fin de semana para encontrarse con Milagro en su casa, y paralelamente se realizarán actividades en Buenos Aires y otros puntos del país.

En cuanto a la situación jurídica, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe resolver el recurso de queja presentado por los abogados de Milagro Sala, anular el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenar la libertad inmediata.