La jueza María Victoria Montoya, del Tribunal del Juicio de Salta, condenó a un hombre a la pena de 13 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado en perjuicio de su hija menor de edad.

Fue denunciado por una de sus hijas mayores, luego de que salieran a la luz los abusos a los cuales había sometido a la niña, desde que tenía 7 años, hasta que cumplió los 14.

La denunciante fue citada por la directora de la escuela a la cual concurría su hermana menor porque la habían encontrado llorando dentro del establecimiento. Cuando le consultaron a qué se debía, contó que su padre abusaba de ella desde pequeña.

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Destacó que las agresiones sexuales se incrementaron luego de que su madre se separó del acusado, de 67 años, y ella y sus hermanas quedaron viviendo solas con él. Manifestó que no había contado antes lo sucedido porque su padre le advertía que si lo acusaba él podía ir preso y no tendrían a quien recurrir.

La jueza le prohibió al condenado cualquier tipo de contacto con la menor víctima, tanto físico como por medios electrónicos. Además, quedó privado de su responsabilidad parental respecto de la menor y se comunicó la decisión al Registro Civil de la Personas. Según lo dispuesto la cumplirá en su domicilio, por su estado de salud.

Para la magistrada, es “autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad, continuado; y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, también continuado”.

Todo esto en concurso ideal con el delito de “corrupción de menores agravada por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, todo ello en concurso real”.

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Finalmente, se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Las fuentes judiciales indicaron que se omitieron los nombres de las personas involucradas para preservar la identidad de la menor y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y otras normas vigentes.

En julio pasado, otro caso volvió a salir a la luz. En mayo de 2010, falleció a los 68 años, en la provincia de Mendoza Armando José Lucero, el padre acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas durante más de 20 años y haber tenido con ella siete hijos que también eran sus nietos. El 8 de mayo de 2009, su esposa Norma Ortubia acompañó a su hija Cecilia, en ese momento de 35 años, para que denunciara a su propio padre, su esposo.

El mismo día de la denuncia, Lucero fue detenido e imputado por “abuso sexual agravado por el vínculo con acceso carnal en cantidad no determinada de hechos en concurso real” pero murió en el Hospital Central de la ciudad de Mendoza por una afección respiratoria que se agravó por su tabaquismo y una herida que tenía en el pulmón.

Meses atrás, casi una década después de su fallecimiento, Cecilia presentó una segunda denuncia pero esta vez contra su mamá, con la seguridad de que si Norma -que crió a los nietos que su esposo tuvo con su hija como si fueran sus hijos- no hubiera cooperado, el crimen no habría sido posible.

Para la fiscal Gustavo Stroppiana el delito no podría haberse concretado sin la colaboración de Ortubia y la consideró partícipe necesaria del mismo.