La violencia es la principal causa de una grave crisis humanitaria en Mozambique, que podría agravarse con más de 670.000 personas obligadas a abandonar sus hogares, según la ONU.

Miles de personas deambulan por la ciudad de Palma, en el norte de Mozambique, buscando a sus seres queridos o un refugio, una semana después de un ataque yihadista que dejó decenas de muertos en esa ciudad costera que limita con Tanzania.

En los últimos días algunos barcos que transportan a los sobrevivientes y pequeñas piraguas llegaron a cuentagotas al puerto de Pemba, a más de 300 kilómetros al sur.

Las organizaciones humanitarias esperaban un arribo importante de sobrevivientes a la capital de la provincia de Cabo Delgado, en cuyo puerto reina una tensa calma, según la agencia de noticias AFP.

Sin recursos, cientos de personas marcharon a pie hacia la frontera con Tanzania en el norte, o hacia campamentos de desplazados internos, según varios testimonios recogidos por agencias humanitarias.

Muchos están exhaustos, sin comida, y llegan con los pies hinchados, afirman las ONGs.

Desde el domingo, los testigos describen Palma como una ciudad fantasma. Pero los enfrentamientos esporádicos persisten, según un comunicado publicado este martes por Naciones Unidas.

La violencia es la principal causa de una grave crisis humanitaria en Mozambique, que podría agravarse con más de 670.000 personas obligadas a abandonar sus hogares, según la ONU.

El lunes, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó la autoría del ataque y aseguró que controla la localidad.

El grupo expresó que sus milicianos mantienen el control de edificios gubernamentales, empresas y bancos, lo que contradice la versión de las autoridades, que si bien confirmaron “decenas” de muertos, no refirieron que hubieran perdido el control de la ciudad.

La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda.

Desde mediados de 2019 fueron reivindicados en su mayoría por el Estado Islámico en África Central (ISCA), que intensificó sus acciones desde marzo de 2020.