La represión en Colombia ya dejó un saldo de al menos 42 muertes y cientos de desapariciones.

Organismos de derechos humanos de Colombia denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusan de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las violentas represiones contra las protestas masivas realizadas desde el pasado 28 de abril.

El senador Iván Cepeda Castro explicó que la acusación consta de más de 100 páginas e incluye al ministro de Defensa, Diego Molano; al jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro; al director general de la Policía Nacional, Jorge Vargas; y al expresidente Álvaro Uribe.

“Esta denuncia documenta 1.595 hechos en los que hay graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”, explicó Cepeda Castro al dar a conocer el expediente.

El legislador agregó que el caso también fue enviado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Además, los organismos invitaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a que realice una visita oficial a Colombia para que constate los presuntos crímenes.

La denuncia está firmada por representantes de las organizaciones que permanecen en estado de alerta en medio de la tensión social que sigue padeciendo el país, entre ellas la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, Temblores ONG, Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

En el expediente se documentan 24 homicidios, además de 50 víctimas de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1365 de detención irregular.

Precisiones

Cepeda Castro detalló que, durante las protestas, la Policía usa armas de fuego de corto y largo alcance, y dispara contra la población civil y los manifestantes, incluso por fuera de las movilizaciones.

El parlamentario aseguró que se ha suspendido el fluido eléctrico en algunas zonas para facilitar la comisión de crímenes por parte de la fuerza pública, y evitar que puedan ser grabados. De igual forma, denunció la interrupción del servicio de internet en algunas ciudades, y la realización de operativos policiales en barrios y en concentraciones de manifestantes en horas de la noche.

Por otra parte, explicó, grupos armados vestidos de civil hacen disparos de manera deliberada y se movilizan en vehículos policiales, en medio de la inacción de policías con uniforme, ya que presuntamente son ellos mismos quienes los protegen.

En la denuncia también figura el uso indebido de armas potencialmente letales, disparadas a propósito para herir a los manifestante, o que apuntarían deliberadamente contra los ojos de los manifestantes.

Además, los demandantes alertan sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en lugares cerrados, en particular, contra viviendas, de manera indiscriminada; así como la utilización de medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar la protesta social de manera reiterada, vinculándola con organizaciones criminales y actos de vandalismo.

Los ataques contra misiones de derechos humanos que acuden a verificar los hechos y contra periodistas también son comunes, a lo que se suma el uso de instalaciones educativas para el aterrizaje de aeronaves de la policía.

El senador denunció que la respuesta de Duque a estos graves hechos ha sido el silencio. “Cero mensajes de repudio público a los crímenes cometidos por la policía, en cambio, felicitaciones a la Fuerza Pública por los resultados obtenidos”, lamentó.