El magistrado Román Lanzón resolvió dejar en prisión a un empresario que encargó el asesinato de su ex socio. Su plan involucró a un preso, un sicario y un miembro de Los Monos. “No puedo creer que esto forme parte de la realidad”, dijo el juez sobre la evidencia que expusieron los fiscales

Una curiosa argumentación dio el juez Román Lanzón en la audiencia de este martes, donde fueron imputadas cuatro personas por el plan criminal planificado por un empresario para matar a su ex socio y ahora competidor de mercado. Allí, los fiscales expusieron mensajes de texto y de voz a través de Whatsapp que intercambiaban los acusados para cometer el homicidio y otros delitos. “Los audios y las transcripciones parecen guionadas de una película. No puedo creer que esto forme parte de la realidad y no sea una invención cinematográfica”, dijo el magistrado al explayarse sobre su decisión de dictar prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Los imputados fueron el dueño de la firma NutriLab de suplementos deportivos Lucas F., quien planificó el crimen de su ex socio y se lo encargó a Germán P. –miembro de Los Monos y de la barra brava de Newell’s–. Este segundo implicado, a su vez, acudió al interno de la Unidad Penitenciaria Nº 3 Fabio G. para que consiga “recursos humanos” para ejecutar el plan criminal. El cuarto acusado es Uriel R., el sicario que iba a matar a la víctima.

En las conversaciones entre los acusados que expusieron los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y el equipo de la Agencia de Criminalidad Organizada, los roles parecen estar claros. Germán P. es el nexo entre el empresario que encargó el asesinato y el preso que “regentea” sicarios a cambio de altos montos de dinero. El precio inicial era de 350 mil pesos, pero por la dificultad de hallar a la víctima para matarla y por la caída de Uriel R. en un intento fallido –baleó el local del “objetivo”, pero no lo hirió–, la “tarifa” se elevó a 500 mil pesos.

La balacera fallida fue el 21 de abril, cuando Uriel R. se hizo pasar por “miembro del Sindicato de Camioneros” para hablar con la víctima, dueña de un nuevo emprendimiento de suplementos deportivos –que empezó a ser competencia del empresario de NutriLab–. Efectuó varios disparos que impactaron en el comercio de Avenida del Rosario al 2700 y se dio a la fuga. En la persecución se sacó la remera y descartó el arma, pero terminó detenido con su teléfono, que resultó importante para la causa.

“Bueno. Que lo hagan, pero no pongo ni un solo peso más, ni para abogados, ni para celulares, ni para motos, autos, ni para nada”, le dijo Lucas F. a Germán P. por mensaje de texto de Whatsapp al responder el pedido de aumento de tarifa a medio millón de pesos.

En el celular de Uriel R. había evidencia que lo comprometía. Estaban los papeles con direcciones, nombres y fotos de la persona que tenía que matar. Y desde allí también se pudo establecer con quiénes se hablaba para cometer esos delitos.

Tiros en las piernas y prender fuego locales

En los mensajes de texto y de voz de Whatsapp que se volcaron en la audiencia, los imputados y otras personas aún no acusadas, hablan de “tirar tres tiros” en las piernas a un muchacho de barrio República de la Sexta “por una bronca” que había tenido un amigo en el trabajo con esa persona. El precio de ese delito eran 40 mil pesos y Germán P. ofreció pagar con 100 gramos de flores de marihuana.

En otra, hablan de robar un local que vende alimentos en Corrientes y 3 de Febrero. Como no pudieron, sugerían “prenderle fuego” el frente. Una conversación más evidencia que, como no podían localizar al empresario que tenían encargo de asesinar, el preso Fabio G. sugirió matar a su hermano para luego encontrar a su objetivo en el velorio –algo similar a lo que ocurrió este año en Villa Gobernador Gálvez–.

Un juez impactado por la evidencia

Toda la evidencia fue considerada por el juez de primera instancia Román Lanzón, que al resolver, dijo sorprendido: “Las escuchas son más que contundentes. Tomé algunas textuales. Hablan de nombres, apodos, dinero, tirar tres tiros en las piernas, pibes que no caigan en cana, pilotos…La realidad es que uno que tiene experiencia en análisis de escuchas, incluso en juicios, se tiene que hacer el esfuerzo de decir que no es lo que parece cuando se habla de «ropa, juguetes». Acá es al revés. Habría que hacer un esfuerzo para que lo que parece no sea“.

Organizaban la comisión de homicidios. No de uno, de varios y de manera indeterminada. Y cuando no era un homicidio, eran atentados contra un local. Y si no podían matar, le tiraban en las piernas. Y si no podían, quemaban, robaban. Ni siquiera con un mínimo de disimulo en las intervenciones telefónicas. Es por de más de contundente. No lo digo solo en grado de probabilidad. Va más allá. La planificación y los roles están claros”, agregó.

“Había direcciones en papeles, fotos, fotos con círculos por si había algún lugar a duda. Sinceramente, los audios y las transcripciones parecen guionadas en una película. No puedo creer que esto forme parte de la realidad y no sea una invención cinematográfica“, concluyó.

Para el juez, todos debían quedar en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, no solo por la pena en expectativa que es alta y de cumplimiento efectivo sino porque hay riesgo de que, libres, pongan en peligro a víctimas y testigos. “La empresa criminal tenía la finalidad de matar a alguien. No es conjetural ni hipotético. Es concreto, cierto y preciso. El riesgo es manifiesto”, finalizó Lanzón y añadió: “No salgo de mi asombro”.

Una particularidad más. Uriel R. y Fabio G. también fueron acusados la semana pasada por el crimen de Nicolás “Fino” Ocampo –condenado como miembro de la banda de Esteban Alvarado– ocurrido en abril pasado en Ocampo al 6600. Uriel era según la Fiscalía quien manejaba la moto con otro sicario y cobró 60 mil pesos por esa tarea. Mientras que Fabio se habría quedado con más dinero por armar el plan para seguirlo y acribillarlo a tiros.