Continúa el drama del grupo de 12 personas, entre las cuales hay cuatro menores. Fueron acusados de “ocupar ilegalmente” la oficina en la que se encontraban alojados. Un fallo judicial había ordenado que se les garantice “el resguardo y la salud”

Luego de estar viviendo durante diez días en el piso de una oficina de Migraciones, los 12 argentinos que se encuentran varados en la frontera con Paraguay fueron desalojados de ese lugar y tuvieron que pasar la noche a la intemperie. Mientras, las autoridades consulares les aseguraron que tienen que regresar al país vecino para recibir ayuda de su parte.

Con temperaturas que alcanzaron los 13° y lluvias incesantes, el grupo buscó algún refugio entre los edificios administrativos ubicados sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, a los que ya no tenía permitido ingresar, y tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias que le tocaba atravesar.

Con lo que tenían a mano, los adultos improvisaron una pared colgando una frazada del techo de una pequeña estructura situada a un costado de la calle, debajo del cual se recostaron junto a sus hijos para protegerse del agua, a la espera de una solución a sus problemas.

Desde hace casi dos semanas están en este paso fronterizo, que no pueden cruzar debido a las restricciones vigentes, que le exigen a todo argentino que se encuentre en el exterior y quiera regresar, tomarse un avión hasta el Aeropuerto de Ezeiza, uno de los pocos ingresos al territorio nacional que sigue habilitado en el marco de la pandemia del coronavirus.

Sin plata para poder afrontar los gastos que demandaría hacer eso, estas personas solicitaron un “salvoconducto sanitario” para que se haga una excepción y los dejen ingresar por tierra, algo que hasta el momento no pudieron conseguir.

Luego de tres días de estar pidiendo una respuesta en la puerta de Migraciones, los funcionarios de este organismo les permitieron entrar a una oficina, donde pudieron dormir durante diez noches hasta que este viernes les dijeron que se tenían que ir.

Unas horas antes, el abogado Francisco Abel Reyes Rosales, que es parte de los varados, presentó un habeas corpus en un intento más de que tanto a él como al resto de sus compatriotas los dejen pasar a su país para volver a sus casa que, en algunos casos, está a tan solo 150 kilómetros de distancia.

Para cumplir con ese procedimiento legal, tuvo que redactar una carta que luego fue firmada por todos los mayores del grupo y presentada a las autoridades del Centro de Frontera en el que están, pero en mesa de entrada “adulteraron el documento tachando el sello oficial”, lo que invalidó toda la maniobra, según denunció el letrado.

Al poco tiempo, funcionarios de este organismo les notificaron que en el plazo de seis horas debían abandonar la oficina en la que estaban porque, en caso contrario, iban a ser desalojados por la fuerza, ya que supuestamente se encontraban “ocupando en forma ilegal un inmueble perteneciente al Estado Nacional”. Así figura en un acta que fue leída en voz alta por el coordinador del establecimiento, Héctor Careaga, a la cual pudo acceder este medio.

“Dicen que la estábamos usurpando, cuando fueron ellos los que nos facilitaron entrar. Imaginate que uno no puede ingresar a una oficina donde hay seis gendarmes. Prueba de todo esto son los colchones que también nos entregaron ellos, pero tampoco nos quieren firmar el reconocimiento de las cosas que nos dieron”, explicó Reyes Rosales.

Intentaron comunicarse con la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, para que precisara las razones de esta decisión, pero hasta el momento no hubo respuesta. Más temprano, la funcionaria habló del tema en la televisión y, si bien no se refirió el desalojo, sí remarcó que este cruce internacional “se encuentra cerrado desde el 16 de marzo del año pasado”.PlayEl grupo buscó un refugio para protegerse de la lluvia

“Estas personas ingresaron ilegalmente al paso, están ahí desde hace un par de días, pero a nosotros no nos llegó ningún pedido de excepción. Les quiero contar que nosotros tomamos los pedidos de excepción cuando hay una causa fundada y se presentan los papeles en el consulado y el Ministerio de Salud dice los protocolos que se deben cumplir para el ingreso. Esto lo hacemos cuando hay razones humanitarias, de salud, cuando hay alguien que se tiene que transplantar, cuando murió el papá de alguien, millones de casos”, sostuvo.

En este sentido, Carignano dijo que se enteró de la situación de estos ciudadanos “porque presentaron directamente un amparo” y señaló que “el juez de primera instancia no les autorizó” el pedido “porque no habían agotado la vía administrativa”.

“Recordemos que la mayoría de los que están ahí se fueron en el 2019 y estaban viviendo en Paraguay. De hecho, hay paraguayos con residencia argentina entre ellos; creo que los nenes son argentinos, pero estaban viviendo allá”, agregó.

Al respecto, Reyes Rosales insistió en que sí se presentó ante el Consulado General en Asunción el 8 de abril pasado pidiendo el mencionado salvoconducto, pero en ese momento no tuvo ninguna respuesta y recién este jueves se comunicó con él un representante diplomático con sede en la ciudad de Encarnación que les ofreció volver al país vecino para ser atendidos.

“No vamos a retornar porque hace como un mes estuvimos allá y nunca nos recibieron. Estuvimos cuatro días tirados allá y nadie nos asistió. Solamente se acercó el gobierno de Paraguay a traernos un poco de comida porque estábamos durmiendo ahí como perros”, le respondieron.

Sin una solución acordada entre las distintas partes, los 12 varados continuaban en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en el límite entre Posadas y Encarnación, y pasaron la noche a la intemperie, a pesar de que durante la tarde habían conseguido un fallo de la Cámara Federal de la capital misionera que le ordenó al Centro de Frontera “que en forma urgente ponga a disposición del contingente un lugar de alojamiento especial para su resguardo y salud, atento las condiciones meteorológicas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.

“No le vamos a cumplir el capricho a Carignano porque es una persona mentirosa a la que no le creemos nada. Ella dijo que nosotros no habíamos agotado la vía administrativa, cuando lo hicimos el 8 de abril del 2021, cuando presentamos el pedido de salvoconducto explicando cada uno de nuestros motivos personales”, advirtió Reyes Rosales.

Para el abogado, la funcionaria “quiso hacer un montaje de una denuncia de usurpación que quedó demostrado que es una totalmente porque fue Gendarmería la que permitió el ingreso por una cuestión humanitaria”.

“Yo, en el día de hoy, antes de que nos llegara la notificación por la ocupación ilegal, cuando ya nos habían dicho que nos teníamos que ir, me ocupé de dejar constancia de que nosotros no habíamos usurpado ilegalmente esa oficina, sino que nos autorizaron ellos”, cerró.