Al menos 89 políticos, 35 de ellos candidatos y precandidatos, fueron asesinados en el proceso electoral que terminará mañana con las elecciones y cerca de 800 recibieron amenazas, agresiones y hasta secuestros, en una muestra de cómo el narcotráfico contaminó a la política mexicana en las últimas décadas y presiona para ocupar lugares que protejan o faciliten sus negocios ilegales.

La violencia no es un problema de esta elección, sino que se arrastra desde hace décadas. Los grandes carteles del narcotráfico a su vez tienen hacia abajo bandas delictivas regionales que manejan otros negocios y que, si no están directamente infiltrados, buscan tener peso propio en las decisiones políticas que se toman en cada alcaldía o ayuntamiento.

En su quinto informe sobre violencia política en México, difundido el último 30 de mayo, la consultora especializada en políticas públicas Etellekt precisó que el proceso 2020-2021 es el segundo más violento desde el año 2000, con 89 políticos asesinados, 35 de ellos candidatos y precandidatos.

El período electoral más violento fue el 2017-2018, con 152 políticos asesinados.

De los 89 políticos asesinados en el período para las elecciones de este domingo, 39 estaban afiliados a los partidos de la alianza opositora Va por México, que integran el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que 25 de las víctimas mortales pertenecían a la alianza opositora oficialista, Juntos Haremos Historia, liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Además de los 89 dirigentes asesinados, también lo fueron 11 de sus colaboradores y 35 de sus familiares, así como 99 servidores públicos de todas las jerarquías, de los tres niveles de Gobiernos y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios”, afirmó el informe de Etellekt.

Y agregó que esa situación “a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos”, concluyó.

Los ejemplos de ataques a candidatos son numerosos y llevan a analistas consultados por la agencia de noticias ANSA a considerar que el crimen organizado intenta convertirse en una suerte de “gran elector” de estos comicios.

Uno de los ejemplos para graficar el estado de cosas ocurrió en la noche del 8 de mayo, cuando un grupo de pistoleros disparó a mansalva contra la camioneta de Guillermo Valencia, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno de Morelia, capital del estado de Michoacán.

Dos integrantes de su equipo de campaña resultaron heridos por los disparos que iban dirigidos al candidato.

Cinco días después del atentado en Morelia, Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Cajeme, en el fronterizo estado de Sonora, recibió 10 impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, en plena vía pública, al lado de una sucursal bancaria.

Cuando aún el homicidio de Murrieta ocupaba la tapa de los diarios, el 25 de mayo otra candidata del mismo partido a la alcaldía de Moroleón, en el estado Guanajuato, Alma Rosa Barragán, fue asesinada cuando se encontraba en una reunión con simpatizantes, entre los que resultaron heridos un hombre y una menor de edad.