Los vecinos denunciaron que Josué Lago, de 23 años, fue víctima de gatillo fácil. En las protestas incendiaron una comisaría.

A raíz de la muerte de un joven qom en Chaco, detuvieron a cinco policías y el gobernador Jorge Capitanich apartó del cargo al Director de Zona y Supervisores de la Dirección Regional. Además, el Estado se constituyó como querellante particular de la causa que investiga los hechos.

Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser riguroso”, señaló el mandatario provincial a través de un mensaje difundido por la Gobernación de Chaco.

“Una vida no puede recuperarse, pero la Justicia debe reparar este acto siniestro”, expresó respecto de la muerte del joven de 23 años, Josué Lago, de la etnia qom, ocurrida en el barrio Los Silos de la localidad de General San Martín.

Un llamado al 911 para denunciar un conflicto vecinal fue la raíz de los hechos. Dos patrulleros se dirigieron al lugar para controlar la situación, pero todo se desmadró: hubo incidentes y comenzaron los disparos. Uno de ellos impactó en Lago, que murió en el lugar. Las violentas imágenes llegaron a TN y la Gente.

Los vecinos del barrio salieron a protestar y denunciaron abuso policial. Y eso también fue foco de incidentes, a punto tal que los manifestantes incendiaron la comisaría. Al menos 17 policías resultaron heridos.

En medio de otro capítulo de descontrol, hubo vecinos que saquearon el lugar. Algunos videos que circularon por las redes sociales muestran cómo se llevaron un televisor, ollas y otros objetos.

“Era un chico que vivía con el padre. Era bueno. En el barrio todos lo conocían. La comunidad salió a la calle a pedir justicia contra el abuso policial, que acá es cosa de todos los días”, explicó Eliana González, procuradora indígena, al sitio Anred.

El caso es investigado por la fiscalía especializada en Derechos Humanos de Roque Sáenz Peña. La entidad judicial ordenó la detención de los cinco policías, que además fueron separados de la fuerza.

Capitanich, mientras tanto, mencionó la constitución del Estado como querellante particular de la causa y la supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial. Además, el mandatario designó a un interventor de la Dirección Regional.

“No puede ni debe haber en nuestras fuerzas de seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano”, remarcó el gobernador en su mensaje.

Asimismo, remarcó que “la diferencia entre un policía y cualquier otro agente no es solo la portación de un arma, sino contar con conocimientos y entrenamientos especiales para intervenir y manejar estas situaciones”, por lo que “se espera su accionar siempre sea superior al accionar de un ciudadano común”.