La ex líder fue detenida tras el golpe de Estado ocurrido del 1º de febrero. Human Rights Watch considera que es “poco probable” que el proceso judicial sea justo.

Aung San Suu Kyi afrontó su primer día de juicio en Naipyidó, la capital de Myanmar. Human Rights Watch (HRW) considera que es “poco probable” que el proceso judicial sea justo.

“Los cargos criminales contra Aung San Suu Kyi son falsos y con la motivación política de anular su aplastante victoria electoral en los comicios de noviembre de 2020 e impedirle que se presente de nuevo. Todos esos cargos deberían ser retirados, lo que desembocaría en su liberación inmediata e incondicional”, afirmó en un comunicado Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia.

Su abogado Khim Maung Zaw indicó en un comunicado que la vista comenzó sobre las 10:30 hora local (04:00 GMT) y finalizó cinco horas y media más tarde. Maung Zaw añadió que la antigua líder “no parecía encontrarse muy bien” durante un juicio que, sin embargo, siguió con atención.

La líder birmana depuesta tras el golpe de Estado militar de febrero enfrenta cinco cargos por los que podría cumplir hasta 10 años de cárcel y una pena de inhabilitación que le impedirían presentarse a las elecciones prometidas por la junta militar para las que aún no han fijado una fecha.

La de hoy es solo la primera vista de las varias que Aung San Suu Kyi deberá afrontar. Junto a ella se sentaron este lunes el expresidente Win Myint y el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung. En la audiencia, la Fiscalía llamó a declarar a varios policías que testificaron contra la exmandataria y el antiguo presidente. El martes 15 de junio tendrá lugar la segunda jornada de un juicio que se espera que termine en un máximo de 180 días.

El primero de los cargos que enfrenta la líder depuesta es el de vulneración de la Ley de Desastres Naturales. Según la acusación, Aung San Suu Kyi incumplió los protocolos contra la pandemia durante actos de campaña para las elecciones de noviembre, por lo que podría enfrentar hasta tres años de condena.

Junto a este enfrenta también hasta tres años de prisión por agitación pública, otros tres por importación ilegal de dispositivos electrónicos (10 walkie-talkies en concreto) y hasta un año por violar la Ley de Telecomunicaciones.

Sin embargo, la acusación más grave a la que se enfrenta es la de violación de la Ley de Secretos Oficiales, por la que podría enfrentar hasta 14 años de prisión. El próximo día 24 deberá acudir a la vista por este juicio junto a otras cuatro personas, entre ellas el asesor económico australiano Sean Turnell.