Dos de los gremios docentes mayoritarios de Entre Ríos rechazaron hoy la decisión del Gobierno provincial de “exigir el acatamiento efectivo de la modalidad presencial o mixta” en todo el territorio entrerriano, y de que se considere “inasistencia injustificada” al dictado de clases bajo modalidad virtual.

En un comunicado, La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), el mayor gremio docente provincial, rechazó y repudió “fuertemente la resolución”, a la que calificó de “intimidación, apriete y castigo”, y aseguró que el gremio tomó “legítimamente una medida preventiva y de cuidado para docentes, estudiantes y familias; y que garantiza la tarea escolar trabajando desde la no presencialidad”.

El Gobierno de Entre Ríos resolvió regresar a las clases presenciales a partir del lunes pasado en todos los establecimientos educativos, en todos sus niveles y en sus 17 departamentos, con excepción de los niveles secundario y superior en las ciudades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro verde.

El miércoles, mediante una resolución, el Consejo General de Educación (CGE) remarcó que “en caso de incumplimiento se deberán cargar las inasistencias injustificadas” a quienes desarrollen “clases bajo la modalidad virtual”.

Además, el CGE remarcó que se trata de “obligaciones” que los docentes “voluntariamente se han obligado a cumplir”.

En este marco se conoció hoy el rechazo gremial en un contexto en el que la situación epidemiológica “continúa siendo crítica” y, tras responsabilizar al gobernador Gustavo Bordet del “riesgo” al que somete “a la población” con esta decisión, adelantaron que que se presentarán ante la Justicia.

“La medida va contra la salud de docentes y estudiantes. Es el peor momento de la pandemia y la decisión gremial de virtualidad no puede ser considerada una ausencia ni inasistencia al trabajo, dado que las tareas educativas se cumplen”, le dijo a Télam el docente Máximo Deshayes.

En diálogo con Télam, el profesor en siete cursos remarcó que la educación presencial “sin vacunación masiva atenta contra la salud”, y pidió al Gobierno provincial “garantizar equipos y conectividad al conjunto de la comunidad educativa”.

Por su lado, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) también repudió la resolución provincial y la consideró “un apriete del Gobierno”.

De parte de la CGE, su presidente, Martín Müller, indicó que “cuesta mucho entender que instar a cumplir la normativa vigente sea entendido como autoritarismo, atropello y extorsión” y afirmó que “siempre se promueve el diálogo, pero tiene que ser de las dos partes por igual”.

Müller sostuvo que “se necesita la presencialidad cuidada en las aulas para poder completar aspectos centrales de la educación”; y consideró que es “la única herramienta para disminuir desigualdades que impactan de lleno sobre los estudiantes de los sectores más vulnerables”.

“Ninguna decisión es caprichosa, lo que si es caprichoso es no respetar las normas vigentes y que sólo contribuyen a profundizar la brecha educativa entre los chicos y chicas de la provincia”, concluyó.