En el marco de la intensa agenda política chilena, el país trasandino celebró en las últimas horas un hecho histórico, donde desde el patio de la sede del Congreso de la República, se instaló el órgano constituyente que redactará la nueva Constitución que reemplazará a la establecida en el año 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La convención estará compuesta por 155 personas que fueron electas por la ciudadanía sobre mediados de mayo pasado, estarán representados paritariamente y tendrá un total de 17 asientos reservados para las diez naciones originarias que conforman al país.

Con una derecha bastante castigada, la centroizquierda disminuida y la irrupción de los independientes de izquierda a partir de la Lista del Pueblo como parte del esquema político partidario, los convencionales dieron paso a lo que va a ser la primera Constitución que tenga haya sido escrita en democracia. 

En el día de ayer, por un lado, tuvo lugar la oficialización de los 155 miembros y la definición de quienes ocuparán los cargos de presidencia y vicepresidencia de la instancia. 

Sobre esto último, fue la representante mapuche, Elisa Loncón, lingüista de 58 años, quien hizo historia al obtener 96 de los 155 votos para asumir como presidenta de la Convención. 

Sobre los pasos a seguir, se esperan algunos puntos parte de lo que la Convención  propondrá al país  seguramente para mediados de 2022. 

En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir su reglamento, es decir, como cómo va a funcionar la Convención, cuántas comisiones va a tener, su presupuesto, cómo van a votar, si habrá participación ciudadana y cómo se concretará ésta, normas de ética y regular todo lo relacionado a los conflictos de interés.

Luego, los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres más, para elaborar un nuevo texto Constitucional. El quórum necesario para lograr acuerdos en puntos clave es de dos tercios.

Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.

En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980. 

De esta manera es que quedará saldada la aceptación o no de un texto que deje atrás el legado institucional de la dictadura y permita disputar en las urnas los modelos de desarrollo y programas políticos que distintos sectores buscan llevar adelante.