El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó hoy la existencia en sus depósitos de armamento de origen argentino, aunque aclaró que no cuenta con la documentación de respaldo de ese material por lo que se iniciará una investigación para determinar cuándo y por quién fue recibido.

El hallazgo se enmarca en la denuncia formulada días atrás por autoridades del Gobierno boliviano cuando aseguraron haber encontrado un documento oficial que daba cuenta que el Gobierno de Mauricio Macri había enviado elementos represivos a ese país a modo de colaboración con el golpe contra Evo Morales acaecido en noviembre de 2019.

“Para puntualizar el tema, sí existen estos elementos (armamento argentino) en los depósitos de la Policía Boliviana, más no existe ningún documento”, explicó el jefe policial a radio San Gabriel, según reprodujo la Agencia Boliviana de Información.

Aguilera explicó además que, por orden del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, se buscará establecer la trazabilidad del armamento antimotines y las municiones encontradas desde su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, con el objetivo de identificar a los responsables de recibir estas municiones.

El comandante general de la Policía boliviana adelantó además en declaraciones a los medios de ese país entre el material encontrado están las granadas de gas, gases pimienta y munición calibre 12/70.

La denuncia vinculada con el supuesto envío de armas y municiones de la Argentina a las fuerzas golpistas de Bolivia fue realizada públicamente la semana pasada por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Rogelio Mayta.

El canciller boliviano explicó que se había encontrado una carta en la cual las fuerzas armadas de Bolivia agradecían al Gobierno de Macri el envío de municiones para reprimir las protestas de noviembre de 2019, mes en el que se produjo el golpe contra Evo Morales.

El lunes, el Gobierno nacional denunció al expresidente Macri y a una decena de exfuncionarios de su gobierno por contrabando agravado, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y por acciones que pusieron en peligro la paz en la región; por el envío de pertrechos antimotines a Bolivia.