Es en la causa por contrabando agravado de armas en la que están imputados Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, a raíz de la denuncia que hizo el Gobierno Nacional.

La Fuerza Aérea informó, por oficio, al juez en lo penal económico Javier López Biscayart que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia en plena crisis social y política en noviembre de 2019, no estuvieron declarados.

Es en la causa por contrabando agravado de armas en la que está imputado el ex presidente Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), a raíz de la denuncia que hizo el Gobierno Nacional.

La causa está impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, quien imputó también al ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y a Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.

El juez había pedido la documentación sobre la autorización de salida del envío hecho el 12 de noviembre de 2019 y la respuesta llegó de parte de la Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar).

Según la Fuerza Aérea, en la autorización” no estaban declarados” los 70.000 cartuchos -que según la denuncia no tuvieron destino concreto-, que fueron parte del cargamento con el cual el Gobierno de Macri habría contribuido en los disturbios provocados tras la crisis que provocó la salida del gobierno del entonces mandatario Evo Morales.

Si bien comenzó el lunes la feria judicial y se extenderá por dos semanas, el juez ya habilitó el trámite de esta causa y por eso se llevan a cabo medidas de prueba.

El 12 de noviembre de 2019 un avión Hércules C- 130 partió desde El Palomar rumbo a Bolivia con el material bélico consistente en 70.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.

Ese es el hecho que se investiga en la Justicia Penal Económico por el momento aunque el Gobierno amplió recientemente la denuncia.