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domingo 20 de noviembre de 2022

La oposición propone sancionar a todos los que negocien o apoyen a Rusia

Foto: gentileza

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El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley para establecer sanciones a personas y/o entidades que apoyen a Rusia en la invasión contra Ucrania.

En medio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley este martes para establecer sanciones a personas y/o entidades que pudieran estar prestando asistencia a la Federación Rusa en las acciones militares contra Ucrania.

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Para ello, proponen “crear un registro público de personas y entidades vinculadas a las acciones militares contra Ucrania”, sobre las que se aplicarán sanciones o multas a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

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La iniciativa lleva la firma de la totalidad del bancada de la Coalición Cívica y busca que ,el Poder Ejecutivo elabore un registro público de “personas y entidades vinculadas a las acciones militares contra Ucrania”. “Consideramos que las sanciones son un mecanismo pacífico útil para disuadir cualquier acción del gobierno de Vladimir Putin que tenga por objeto la vulneración de la integridad territorial de los Estados” explicaron.

A las personas o entidades que, de alguna manera, colaboren con Rusia,  “se les aplicarán las sanciones” previstas en este proyecto. En el registro figurarían aquellos sobre los que existe “sospecha fundada de que es responsable o partícipe, directa o indirectamente”, de acciones que socaven los procesos democráticos o las instituciones en Ucrania; que atenten contra la paz, seguridad, estabilidad, soberanía, o integridad territorial del país.

También figuraran las personas que se apropien de manera “indebida” de activos estatales de Ucrania o de una parte económicamente significativa; de haber afirmado autoridad gubernamental sobre cualquier parte o región de Ucrania sin la autorización de su Gobierno. “Todos los que tengan por objeto la vulneración de la integridad territorial así como el ataque a objetivos civiles y la violación de los derechos humanos”, se explica en los fundamentos de la norma.

 

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Esas personas o entidades serán sobre quienes recaiga una “sospecha fundada de que es responsable o partícipe, directa o indirectamente” y para quienes hayan “patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o soporte tecnológico para desarrollar cualesquiera de los actos o políticas arriba descriptos”. “Se prohíbe a toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas, a tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encontraren incluidas en el Registro creado por la presente ley, y a contratar, efectuar transacciones, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encontraren incluidas en este registro”, sostiene el documento.

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