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sábado 6 de agosto de 2022

Chile avanza en proyecto de ley para evitar los matrimonios de adolescentes

Imagen ilustrativa: gentileza

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Actualmente, adolescentes de 16 y 17 años pueden casarse con el consentimiento de sus padres o tutores.

En el grueso de Latinoamérica y el Caribe un menor de 18 años puede contraer matrimonio. En Chile, al igual que en más de una docena de países, está permitido que una persona se case a partir de los 16 años con autorización de los padres o tutores legales.

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La Comisión de Constitución del Senado ha aprobado por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto que establece la mayoría de edad como un requisito esencial para casarse. De salir adelante, Chile se uniría a otros países como México, República Dominicana y Puerto Rico, que han eliminado esta práctica, catalogada de “nociva” por Unicef, que afecta principalmente a las niñas.

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Hace un par de semanas, la Cámara de Diputados dio luz verde por una amplia mayoría (118 votos a favor, ocho en contra y 17 abstenciones) para modificar la Ley de matrimonio Civil. Está pendiente que el Gobierno renueve la suma urgencia al proyecto de ley para que se vote en el Senado.

Las uniones de este tipo se han reducido considerablemente en las últimas décadas en Chile (de 8.191 en 1990 a 25 en 2020). En el casi medio millar de bodas que se han realizado desde 2018, el promedio de edad de las mujeres ha sido 16,9 años, y el de los hombres 23, aunque el rango en el caso de ellos alcanza los 38 años, según el estudio Matrimonio adolescente en Chile: una realidad a erradicar, publicado a finales de 2021 por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.

La jefa del departamento de reformas legales del Ministerio de la Mujer, Camila de la Maza, compareció este martes en defensa de las niñas y adolescentes. “El proyecto establece la sanción más importante que el ordenamiento jurídico en materia civil establece: la inexistencia del vínculo en el caso de contraerlo. Compartimos que es la sanción correcta”, sostuvo. La propuesta también permitiría que las personas que se casaron antes de los 18 años puedan solicitar el divorcio unilateralmente, sin tener que acreditar el “cese de convivencia”.

La Defensoría de la Niñez celebró avanzar en la eliminación del matrimonio adolescente, haciendo eco de lo que aconsejan desde hace años los organismos internacionales que protegen los derechos de los menores. Esta práctica genera situaciones de violencia “en relaciones marcadas por la asimetría, generando situaciones propicias a la violencia de género y también al abandono de la escolaridad”, sostuvo la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez.

Es frecuente que las menores casadas, según las estadísticas que maneja Unicef, se queden embarazadas durante la adolescencia, lo cual “incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos”, alerta la Unicef. Esta práctica también puede “aislar a las niñas de su familia y sus amistades, así como restringir su participación en su comunidad, de modo que su bienestar físico y psíquico se ve gravemente afectado”.

Los diputados que votaron en contra del proyecto de ley son, en su mayoría, miembros del Partido Republicano, de la extrema derecha, y cercano a formaciones como Vox, de España. “Uno se pregunta cuál es el tema y cuál es el conflicto que tenemos aquí detrás: el tema del consentimiento. Pero resulta que el consentimiento para hacerse operaciones de cambio de sexo, para tener actividad sexual, ha sido bajado cada vez más, exactamente por aquellos que están al otro lado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo hasta qué punto puede un menor de edad dar consentimiento?”, cuestionó el diputado Johannes Kaiser.

Uno de los objetivos fijados por la ONU para 2030 es poner fin al matrimonio adolescente, una “violación de los derechos humanos”. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó en 2014 un informe sobre la prevención y eliminación del matrimonio infantil precoz y forzado, argumentando que las menores involucradas a menudo son objeto “de violencia física, psicológica, económica y sexual, así como de restricciones a su libertad de circulación”.

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