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martes 29 de noviembre de 2022

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

Nahuel Caputto estuvo en la mira de los "carpetazos" que disponía realizar Marcelo Sain.

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Por primera vez y de manera clara, con nombre y apellido, se conocieron dos audios en los que el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, ordena “ir perfilando” al CEO y accionista mayoritario de El Litoral, Nahuel Caputto, e “ir contra él”. También dijo el polémico exfuncionario que “a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal”; a la vez que pidió “poner un grupo para trabajar esto”. El hecho ataca frontalmente la libertad de expresión.

Por Guillermo Dozo

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Carpetazos de Sain: el gobierno abrió una investigación interna

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

Carpetazos: fiscales secuestran información ilegal que colectaba Saín

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

 

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

 

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

 

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

 

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.

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