Apareció Sebastián Marset, el narco uruguayo vinculado al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset apareció en un video y aseguró que un alto funcionario del gobierno de Luis Arce lo ayudó a escapar. Afirmó que gracias al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia consiguió huir tras los allanamientos del pasado fin de semana.

El canal Unitel difundió el video, de menos de un minuto y medio de duración, en el que se observa y se escucha a Marset. “Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, dijo el uruguayo sin dar nombres.

También narró que quiere hacer saber que se está vinculando a gente que no tiene nada que ver con él, ya que el “director de la Felcn, como no hizo las cosas bien, está molestando gente inocente”.

El narco, quien en las imágenes aparece vestido con una polera y una gorra, expresó que “su situación se complicaba en el país (Bolivia)”, que “no quería implicar a personas inocentes” y dijo que amigos lo conocían como Luis Paulo Amorín, la falsa identidad con la que se movía en Santa Cruz.

“Ninguna de las personas que están pasando un mal momento ahí tiene nada que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso”, completó Marset al hacer referencia a los 12 imputados por el caso, de los cuales 10 están con prisión preventiva.

Por su parte, la Policía Boliviana rechazó las declaraciones de Marset. El comandante general de la fuerza, Álvaro Álvarez, respaldó en una escueta conferencia de prensa el trabajo de todo “el mando policial”, que lidera las operaciones para capturar al narco, y dijo que esas afirmaciones buscan “sembrar duda”.

“Nuestra firme e inquebrantable respuesta y la posición como Policía es el rechazo absoluto a estas fraudulentas y temerarias acusaciones que lo único que pretenden es sembrar duda y confusión porque en estos tres días se ha logrado afectar de forma directa la actividad criminal de este delincuente”, subrayó Álvarez.

Sostuvo que los dichos de Marset no van a afectar el trabajo de los oficiales y que lo van a “encontrar” y “detener”, por lo que utilizarán “toda la fuerza legal para no dejar sus actos en la impunidad” afectando sus “alianzas, sus estructuras” y todas sus conexiones.

“Estamos detrás suyo y de toda su organización, la única forma de parar nuestro accionar es que usted se entregue, no vamos a cesar su búsqueda”, recalcó.

El director nacional de la Felcn, Ismael Tito Villca, también rechazó “rotundamente” las aseveraciones de Marset. En declaraciones a Unitel, señaló que su trabajo es “pulcro e impecable”, por lo consideró que el video del uruguayo hace parte de “operaciones de desinformación”.

Las autoridades informaron este miércoles que en tres días de operativos para la captura de Marset se han confiscado inmuebles, celulares, dinero en efectivo, que sumarían unos 8,8 millones de dólares, además, de armamento y documentación.

Álvarez sostuvo que Marset se cambió tres veces de identidad e hizo lo mismo con su esposa e hijos, y que se busca a unas 13 personas de su círculo familiar que se cree que aún “se encuentran en Bolivia”.

Mientras que unas diez personas que han sido vinculadas con el presunto narcotraficante les fue imputada detención preventiva por seis meses.

Por otro lado, medios uruguayos y bolivianos denunciaron que recibieron amenazas presuntamente de Marset por medio de mensajes de WhatsApp en los que se señala que “habrá consecuencias” si siguen informando sobre ese caso.

Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia. Además, es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), la Europol e Interpol.