Aseguran que la Reina Isabel II presionó al Gobierno para cambiar una ley y ocultar parte de su fortuna
Una investigación de ‘The Guardian’ desvela cómo un abogado de la reina habría influido para cambiar una ley que entró en vigor en 1976. Según el diario, la monarca habría ocultado acciones e inversiones privadas hasta, al menos, 2011.
La reina Isabel II presionó al Gobierno británico para que cambiara un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada a los británicos, según una investigación que este domingo publica el diario The Guardian. Los periodistas David Pegg y Rob Evans explican que un abogado privado de la reina presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley para evitar que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. Después de que esto sucediera el gobierno incluyó una cláusula a la ley que eximía que jefes de estado a hacer públicas las empresas en las que invertía. El acuerdo al que ha tenido acceso The Guardian se habría firmado en la década de los 70 y se utilizó para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que habría ocultado participaciones e inversiones privadas de la reina británica hasta, al menos, 2011.
La verdadera magnitud de su riqueza nunca se ha revelado, aunque se ha estimado que asciende a cientos de millones de libras. El periódico ha descubierto este acuerdo en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real británica de un procedimiento parlamentario conocido como el ‘consentimiento de la reina’, “para influir secretamente en la formación de las leyes británicas”, denuncia The Guardian.
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Según la web de la Casa Real, se trata de una “convención establecida desde hace mucho tiempo” por la que el Parlamento pide a la reina su consentimiento para el debate de proyectos de ley que afecten a los “intereses de la Corona”, lo que, como recuerda el diario, se ha venido entendiendo como algo un tanto opaco pero inofensivo y parte del boato que rodea la monarquía inglesa.
The Guardian ahora sugiere, teniendo en cuenta los documentos hallados en los Archivos Nacionales, que el proceso de consentimiento le ha permitido a Isabel II y a sus abogados presionar en secreto para lograr cambios legislativos como el mencionado. El diario detalla cómo se negoció el cambio en la ley de transparencia que el gobierno de Edward Heath tramitaba en 1973.
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Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, visitó a funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia del ejecutivo que pretendía evitar, entre otras cosas, que los inversores acumularan participaciones significativas en secreto en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de sus acciones a través de empresas pantalla. Incluía una cláusula que otorgaba a los directores el derecho a exigir a los nominados con acciones de las empresas a revelar, cuando se les solicitara, las identidades de sus clientes. Farrer transmitió la oposición de la reina a esta cláusula y propuso que se hiciera una excepción con la monarca. Dos funcionarios intercambiaron por escrito pareceres respecto al “dilema” y uno dijo al otro, según el mismo diario, que el abogado de la reina creía que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.
El gobierno atendió las peticiones e incluyó una cláusula en el proyecto de ley que permitía al ejecutivo que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas de manera que evitaría saber de dónde procedía la fortuna de la reina. El gobierno de Heath no fue, sin embargo, quien lo convirtió en ley sino que lo hizo el gobierno laborista de Harold Wilson en 1976. Continúa The Guardian explicando que la exención se concedió casi de inmediato a una empresa llamada Bank of England Nominees Limited operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. El diario cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna de la reina hasta, al menos, 2011. Hace cuatro años que la empresa cerró sin que quedara claro lo sucedido con las acciones que poseía y sin que nunca presentara cuentas públicas sobre sus actividades.
Cuando The Guardian ha preguntado a Buckingham sobre la investigación, la Casa Real a través de un comunicado ha afirmado que el consentimiento de la reina “es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal. El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”, ha apuntado. “Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como asunto de dominio público”, concluye.
