Avión iraní-venelozano: los cinco tripulantes que permanecían retenidos podrán salir del país
Son tres iraníes y dos venezolanos que habían sido llamados a indagatoria por la sospecha de “financiar actividades terroristas”. Más allá de la reciente determinación, la investigación continuará.
El 6 de junio llegó al país un avión iraní-venezolano lleno de autopartes, con 19 tripulantes y múltiples sospechas sobre su origen. Cinco de los pasajeros, tres iraníes y dos venezolanos, fueron retenidos desde entonces e indagados en las semanas pasadas. La acusación giraba alrededor del desvío de fondos para financiar actividades terroristas. Sin embargo, este viernes, la Justicia determinó la falta de pruebas, permitiendo que los cinco hombres salgan del país.
Así, el piloto Gholamreza Ghasemi y los involucrados Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta obtuvieron la “falta de mérito”, por lo que no se los puede procesar. La indagatoria a la que fueron sometidos se realizó a raíz de un pedido de la querella de la DAIA.
Entre los viajes sospechosos que habían hecho los acusados se mencionaban vuelos de Teherán a Siria con la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Fue el FBI quien aportó esos datos a medidos de junio: “Fars Air Qeshm opera vuelos entre Irán y Siria de forma regular. Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah con armas, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano utilizando vuelos civiles de Teherán a Damasco. Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”, detallaba el informe.
No obstante, el juez federal Federico Villena determinó que “no hay pruebas contundentes” para su procesamiento. La Cámara Federal de La Plata le había solicitado hace un mes que resolviera la situación procesal de los cinco hombres.
“Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento- el juez debe disponer la falta de mérito”, detalló Villena.
Por su parte, la fiscal Cecilia Incardona cuestionó el regreso de los tripulantes del avión de Emtrasur a sus países de origen considerando que es “improbable que vuelvan a la Argentina” dado que Irán y Venezuela “no admiten la extradición de sus ciudadanos”. “En caso de confirmarse, habrá desaparecido la posibilidad de juzgar a eventuales responsables de un hecho sumamente grave como lo es el aquí investigado”, enfatizó entonces Incardona.
Según resaltó el juez, la causa tenía 118 medidas de prueba, sin embargo, todavía hay cuestiones pendientes como los exhortos enviados a España, Aruba, República Dominicana y Paraguay o un peritaje contable. De modo que la investigación continuará y, de hecho, el propio Villena ordenó enviar nuevos exhortos a Irán, Siria, Venezuela y Panamá, entre otros países, pidiendo más datos sobre el avión y sus tripulantes.
Aparte de “liberar” a los cinco hombres, se dejó sin efecto el secuestro del avión de Emtrasur, matrícula YV3531. Pero seguirá incautada, a pedido de la justicia de Estados Unidos. Específicamente, el juez Michael Harvey lo solicitó por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur.
El requerimiento fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino y tramitó en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL PILOTO
Según el informe del FBI, el piloto Ghasemi tenía vínculos directos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah, dos organizaciones terroristas acusadas en la Argentina de los atentados contra la embajada israelí y la AMIA.
En su teléfono se encontraron varias imágenes y logos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds. También fotos, de larga data, de soldados portando armas y uniformes con el logo de dicha organización.
“Son fotos comunes enviadas mediante WhatsApp y que quizás recibí en algún grupo, pero no me hacen sospechoso de ningún delito”, dijo el piloto restándole importancia al hecho. Y sumó: “El logo que se repite varias veces no tiene ninguna connotación negativa, ya que es el logo de Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que es una rama de las Fuerzas Armadas Iraní, tiene carácter institucional, ya que en Irán es una fuerza oficial”.
Pero, además, en el celular se halló un mensaje aterrador: “Si molestan avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”. La amenaza provenía de otro piloto iraní que participó del viaje a Paraguay, en mayo de este año. La conversación era del domingo 12 de junio: horas antes del allanamiento en el hotel de Canning, donde se secuestraron todos los teléfonos.
Hasta el momento -las pericias todavía no terminaron-, la investigación acumula más de 5000 hojas con los mensajes rescatados de todos los aparatos electrónicos que pertenecían a los 19 tripulantes.
Retuvieron en Ezeiza un avión venezolano sancionado por Estados Unidos
LOS DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio con una carga de autopartes. El cronograma del vuelo comenzaría inicialmente el 2 de junio, pero se retrasó en México por falta de una autorización. Finalmente, partió desde el aeropuerto de Querétaro el 5 y realizó una breve escala en Venezuela.
Las autopartes eran de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Cuando estalló la polémica, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Pero más tarde se pudo comprobar que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.
El 8 de junio el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero en el país vecino le impidieron aterrizar. Desde entonces, está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. El Gobierno argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles, pero no faltaron las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.
