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Caso Loan: la investigación reveló una posible ''venta de bebés'' por parte de una exfuncionaria
Se levantó el secreto de sumario tras la indagatoria del ex comisario Walter Maciel, permitiendo a los abogados de la causa acceder a información reciente.
La investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes, continúa sin novedades sobre su paradero. Sin embargo, una nueva pista ha surgido a partir de la declaración de una testigo clave. Gustavo Briend, abogado de la familia, destacó la importancia de un testimonio reciente, particularmente el de Julieta, una vecina que mencionó la posible venta de bebés.
Briend se refirió a la declaración de una mujer que aseguró que Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y una de las personas detenidas en el caso, era conocida en la comunidad por "hacer papeles para vender bebés". Julieta había comentado previamente que varias jóvenes habían recibido ofertas de dinero a cambio de sus bebés y pidió que estas mujeres hablen para que los responsables sean llevados a la justicia.
El abogado señaló que están esperando los resultados de las pericias a los celulares y otros dispositivos tecnológicos para obtener información sobre las comunicaciones de los implicados. Además, se levantó el secreto de sumario que había sido impuesto tras la indagatoria del ex comisario Walter Maciel, permitiendo a los abogados de la causa acceder a información reciente.
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La jueza Cristina Penzo tiene ahora 10 días para decidir si procesa a los implicados María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña y Antonio Benítez, o si les dicta la falta de mérito. La semana pasada, el policía retirado Francisco Méndez fue liberado al no encontrar pruebas en su contra, aunque sigue bajo investigación.
En paralelo, se han citado a declarar a los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, quienes llevaron la primera parte del caso, así como al periodista Alejandro Puebla. También se confirmó que el gobierno de Corrientes no será aceptado como querellante en la causa.