Cómo es la apuesta del gobierno a la nueva fórmula de jubilaciones
Los haberes ajustarían por salarios y recursos de Anses, pero no por inflación. El oficialismo busca desindexar la economía y bajar la evolución de precios; si eso sucede, los haberes podrían recuperarse sin desfinanciar el sistema.
En los cálculos técnicos del gobierno nacional, entre 2021 y 2023 la nueva fórmula jubilatoria propuesta generará un aumento promedio de 5 puntos porcentuales, en comparación con la Ley suspendida. Para eso necesita que se cumplan las proyecciones macroeconómicas establecidas en el proyecto de presupuesto 2021, remitido por Martín Guzmán y ya aprobado en Diputados.
Si estas condicionalidades se verifican, la predicción oficial es que la diferencia más fuerte a favor de los jubilados y jubiladas, se dará en 2023, cuando los haberes jubilatorios tendrán un aumento de 8 puntos porcentuales más que lo que hubieran tenido de continuar la Ley 27.426, sancionada en 2017 durante la administración Macri.
En medio de los desafíos de recesión y pandemia, la inflación bajó del 53 % del último año de gestión de Juntos por el Cambio a 43 % estimado para 2020. El análisis oficial parte desde enero para determinar que, si se cumple la pauta presupuestada de inflación al 28 %, en 2021 las jubilaciones con la nueva fórmula crecerían en su conjunto un 32,6 %. El informe técnico reconoce aquí que no habría diferencias si se aplicara la norma vigente en promedio.
Siempre según la proyección oficial, en 2022 la ley vigente supondría aumentos del 22,7% mientras la nueva fórmula proyecta haberes con aumentos del 33,5 %. En 2023 la evolución sería de 18,5% ó del 26,2%, respectivamente.
La nueva fórmula es similar a la que aplicaba la ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, durante la administración kirchnerista. Sus elementos constitutivos básicos son la variación semestral de los salarios (índice Ripte) en un 50 %, y otro tanto entre la variación semestral de los recursos tributarios de Anses por beneficio y la variación anual de los recursos totales de Anses, también por beneficio. La actualización sería semestral.
Los técnicos oficialistas de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, recordaron que “la Ley del 2008 fue implementada en un escenario de crecimiento económico, aumento del empleo registrado y del salario real. Generaba que los aumentos de los recursos del sistema se distribuyan entre los beneficiarios del mismo. Esto se tradujo en un importante aumento de los haberes en términos reales entre los años 2009 y 2015”.
En la visión oficial, la suspensión de la fórmula de la Ley 27.426 (2017), y los aumentos otorgados por Decreto, llevaron los haberes mínimos jubilatorios 5,4% por encima de la inflación este año.
Desindexación
La actualización de haberes en el proyecto oficial es semestral, (en la ley macrista es trimestral) y funcional -en términos sistémicos- a la “desindexación” de la economía. En la teoría del Palacio de Hacienda, el mayor espaciamiento en los aumentos reduce la volatilidad y por esa vía disminuye la pérdida del poder adquisitivo ante shocks inflacionarios, como los observados en 2018 y 2019.
Financiamiento
Para garantizar la sustentabilidad del sistema de la seguridad social, se recupera el tope a los aumentos anuales (aplicado en septiembre), que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses. El esquema procura que el sistema no deba requerir de recursos adicionales que necesariamente deberían desplazar otras necesidades para el resto de la población.
En rojo
En 2019, (tras 10 años de equilibrio) Anses tuvo un déficit equivalente al 2,6% del PBI. En la visión del Frente de Todos, es “una consecuencia directa de la fórmula de movilidad de 2017 (ajustó haberes en un 70% por inflación con un rezago de 6 meses”. La fuerte aceleración de la inflación entre 2017 y 2019, implicó una importante caída de la participación de las jubilaciones en el producto.
