¿Cómo serán auditados los fiscales Apullán y Martí?

Acorde a lo expuesto por María Cecilia Vranicich, auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, el proceso implica “un juicio disciplinario”. La causa se abre por la investigación sobre el exjefe de la URI, Adrián Rodríguez, la presentación que realizó la Municipalidad de Santa Fe y la denuncia planteada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

María Cecilila Vranicich (LT10)

A la luz del escándalo político e institucional que involucra a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, el juez Nicolás Falkenberg y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por la intervención de líneas telefónicas, se abrió un proceso de auditoría.

“La Auditoría General es un órgano interno de control. Dentro de sus incumbencias hay un área disciplinaria, pero también hay un área preventiva de gestión, de control funcional de los fiscales”, explicó esta mañana María Cecilia Vranicich, auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación de la provincia. En ese contexto, se pone en juego la facultad disciplinaria.

“Cuando la Auditoría recibe una presentación hay un primera etapa de admisibilidad. Si la presentación tiene el tenor suficiente, se pasa a la segunda etapa que es la de investigación propiamente dicha. Durante esa investigación disciplinaria –explicó en comunicación con LT10– se producen pruebas, evidencias y desde la Auditoría se debe llegar a una determinada conclusión”. De ese modo, el caso se puede archivar o se pueden formular cargos.

Si se formulan cargos, se pasa “al juicio disciplinario”. “Quien va a decidir –planteó Vranicich– la sanción a aplicar en razón del desempeño del fiscal es un tribunal disciplinario que se constituye a dichos efectos. El auditor realizará la formulación de cargos, el fiscal va a defenderse y luego decide el tribunal disciplinario”. A propósito, la auditora general precisó que tal tribunal está conformado por un representante de la Cámara de Senadores, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Colegio de Abogados y por un fiscal regional, éste último “debe estar fuera de la circunscripción el fiscal a quien se investiga”. “Y lo preside el fiscal general que no tiene voto, salvo desempate”, definió.

Ahora bien, Apullán y Martí serían auditados a raíz de “haber tenido una intervención en una causa en la cual ya no participaban”. Concretamente, se trata de la causa que involucra al exjefe de la URI, Adrián Rodríguez por cohecho. A eso se suma, la presentación que realizó la Municipalidad de Santa Fe “para que se audite el procedimiento de allanamiento efectuado por Apullán” a instancias de la investigación por el Programa Iniciativas Comunitarias. Y una tercera presentación se corresponde con la denuncia realizada por el propio ministro Pullaro.