Crimen Cecilia Strzyzowski
Con un video desde su celda, Emerenciano Sena reclamó por las condiciones en las que vive: “Este es mi rancho”
El líder piquetero fue imputado junto a su esposa, Marcela Acuña, y su hijo, César Sena, por el femicidio de su nuera, la joven desaparecida en Chaco a principios de junio
A casi tres meses de que el clan Sena fuera detenido por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena difundió un video desde su detención. “Este es mi rancho”, aseguró en alusión a las condiciones en las que se encuentra en la comisaría, por lo que apuntó contra los fiscales a cargo de la causa luego de que el Servicio Penitenciario de Chaco diera marcha atrás con su traslado.
El líder piquetero fue aprehendido el pasado 7 de junio por el femicidio de la esposa de su hijo, César Sena. Desde ese momento, el dirigente político chaqueño permaneció en la Comisaría 3a de Resistencia. A mediados de agosto, el líder piquetero esperaba ser trasladado al Complejo Penitenciario I de Villa Barberán, en donde se encuentra alojado su hijo. Sin embargo, el director general de Seguridad y Criminología Penitenciaria del Servicio Penitenciario de Chaco, Víctor Domingo Cáceres, rechazó la admisión de Sena en el penal al argumentar que cuentan con “impedimentos funcionales, lógicos y físicos de la situación real edilicia”, en referencia a que no habría forma de ubicarlo sin que tenga contacto con su familiar en las instalaciones, lo cual había sido un pedido expreso de la Fiscalía.
Por otra parte, el Alcalde Mayor se rehusó a cumplir con el pedido de aislamiento social, debido a que esta iría en contra de las políticas de “readaptación social” y del “esquema funcional” del Servicio Penitenciario. “No obstante eso, el único lugar con el que se contaría para alojamiento individual, permitiría una proximidad inmediata con aquella persona que se está intentando evitar su contacto”, señaló.
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En cuanto a la posibilidad de que Sena compartiera la celda con otros internos, el director general planteó que sería imposible asegurar que no tenga conexión con el exterior. De esta manera, Cáceres explicó que “por más que se le impidiera al individuo el acceso a un teléfono celular, no se puede garantizar que otro de sus pares próximos le prestare el suyo propio, a los cuales acceden bajo resolución ministerial”.
“Este es mi rancho. Acá vivo. Este es mi inodoro, porque estos son orines”, dijo Sena en un video difundido en sus redes sociales al mostrar una serie de botellas de jugo que usaría para poder cumplir con sus necesidades. Según narró, el líquido sería descartado cada 24 horas, aunque no logró precisar en dónde.
El ex precandidato a diputado provincial por la lista del Frente Chaqueño apuntó contra las autoridades judiciales al acusarlos de “garantizar su sufrimiento”. De acuerdo con la información recopilada por Diario Norte, esta no es la primera vez que el detenido viralizó un contenido de este tipo en las redes sociales para quejarse sobre los tratos que recibe y pedir por la prisión domiciliaria, solicitud que fue rechazada en más de una ocasión por la Justicia.
Luego de la negativa del Servicio Penitenciario de hacer lugar a sus codiciones, el Equipo Fiscal Especial, compuesto por Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, analizó la posibilidad de seleccionar otro complejo para que el dirigente político pueda cumplir con la prisión preventiva, debido a que esta medida podría durar hasta dos años, en caso de que el juicio no comience antes de que se cumpla el plazo fijado por la ley.
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En paralelo, Emerenciano Sena comenzó a ser investigado por un caso reabierto por trata de personas con fines de explotación laboral, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que correspondería a los fondos asignados al programa Sueños Compartidos. La denuncia fue efectuada por Sergio Schoklender.
La investigación por supuesto lavado de dinero se disparó a partir de un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena, donde la Policía local encontró $6.058.190. La sospecha está en que el dinero podría pertenecer a los fondos que eran destinados a la construcción de viviendas que le habían encomendado al dirigente, mientras que el caso de trata de personas surge de una denuncia realizada por el abogado que acusó al chaqueño de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.