Confirmaron la prisión preventiva para la pareja, el cuñado y la suegra de Mónica Aquino
En el marco de la causa que investiga la explotación sexual de la mujer desaparecida en la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo, el juez Fabio Mudry ratificó las medidas impuestas en primera instancia.
El Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, Fabio Mudry, confirmó la prisión preventiva dispuesta contra los imputados en la causa que investiga la explotación sexual de la que era víctima Mónica Aquino. La mujer permanece desaparecida desde el 5 de mayo.
Hugo Pérez, su hermano Mario y su madre María Rosa Aguirre -pareja, cuñado y suegra de Mónica- fueron imputados por los delitos de “explotación de la prostitución ajena agravada” en concurso real con “promoción de la prostitución ajena”.
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La causa está en manos de los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi.
Las defensoras públicas Mónica Echaniz -por los hermanos Pérez- y Betina Dongo -por Aguirre- apelaron las resoluciones de los jueces Luis Octavio Silva y Pablo Spekuljak, respectivamente, quienes dispusieron que el grupo familiar quedara en prisión preventiva mientras la causa avanza. Estas resoluciones fueron revisadas por el camarista Mudry, quien las confirmó.
Evidencia fundamental
La representante de los Pérez cuestionó las consideraciones realizadas por el juez Silva en relación con los peligros procesales, tanto sobre el posible entorpecimiento probatorio como el riesgo de fuga.
Para la alzada, “la evidencia fundamental del peligro que los hermanos Pérez representan está configurado justamente por la desaparición de la víctima Mónica Aquino, sobre quién al menos tres testigos (…) dieran cuenta de cuál era el manejo de ambos, quiénes la sometían en un contexto de vulnerabilidad extrema, adicciones, violencia, pobreza y su carácter de madre de cuatro hijos, a que ejerciera la prostitución y les hiciera entrega del dinero que conseguía”.
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En cuanto al riesgo de fuga, “es la pena elevada la que justifica su consideración, además de la relativización de los supuestos arraigos que expresara la defensora en el sentido laboral o familiar, los que no alcanzan como para aventar justamente el riesgo de que no se atengan al proceso”.
Clan familiar
La Dra. Dongo, representante de Aguirre, planteó la nulidad de la resolución de primera instancia, y señaló que su defendida es una mujer mayor de 60 años, vulnerable y con un hijo menor de edad a su cargo, que no podría entorpecer la investigación.
El planteo de nulidad fue rechazado por el juez Mudry, quien indicó que en su argumento la defensa “no demuestra ni especifica en qué aspectos considera se habría vulnerado el derecho de defensa o el debido proceso”.
En cuanto a su participación en los hechos, “claramente la violencia también era ejercida por Aguirre, madre de los Pérez, quién de acuerdo a los testimonios recolectados, era parte
del ‘clan’ que la sometía al ejercicio de la prostitución agravada, le quitaba el dinero y la victimizaba de manera permanente”, sostuvo el magistrado. “Además de existir profusa evidencia sobre los delitos atribuidos, la calificación es acertada y correcta puesto que la violencia y la explotación sexual de Mónica Aquino era ejercida de manera conjunta y coordinada”.
“Así como Aguirre formaba parte del esquema de explotación y violencia extrema contra Aquino, también las evidencias indican que la misma habría formado parte -junto a sus hijos- de la eliminación de los rastros y evidencias que pudieran existir en la habitación de la desaparecida y que por cierto también pudo ser parte la imputada, no solo de borrar huellas limpiando la habitación, sino responsable de la desaparición”.
Es por esto que la resolución de primera instancia “respecto de la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio no es arbitraria, como sostuviera la defensa en sus agravios, sino que se encuentra debidamente fundada y es sostenible”, concluyó el camarista, confirmando también la prisión preventiva de Aguirre.
Mónica Aquino
La mujer, madre de cuatro niños, fue vista por última vez la madrugada del 5 de mayo pasado, en el barrio Varadero Sarsotti. La fiscalía sostiene que era explotada sexualmente desde 2017, en las paradas de la zona sur de la ciudad.
