Crece la polémica por el uso de las videocámaras
Fein quiere utilizarlas para labrar multas. En el Concejo se quejan de que muchas no funcionan cuando se las necesita.
En medio de la polémica por el uso de las videocámaras para labrar multas de tránsito, tal cual lo solicitó la intendenta en el marco del plan local contra el delito, siguen lloviendo críticas por el mal funcionamiento de estos aparatos. El Concejo aprobó en diciembre un pedido de informes sobre esta problemática que aún no fue respondido. Y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia aseguraron que las 1.200 cámaras que tiene la ciudad, ayer estaban “todas funcionando”.
Lo concreto es que cada vez que recrudece el debate sobre seguridad, el funcionamiento del sistema de videovigilancia se pone bajo la lupa. El caso del ex futbolista de Colón que embistió a un motociclista al escapar de un control de alcoholemia y le provocó la muerte, mostró otra vez las falencias de los dispositivos, ya que cuando la Fiscalía requirió la imágenes de la cámara instalada en Salta y Ovidio Lagos, la respuesta fue que no habían sido registradas porque hubo “un problema técnico”.
La situación se repitió casi en una decena de accidentes y robos, e incluso en 2014 uno de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación planteó que en al menos tres casos que estaban bajo su órbita, no habían podido contar con las imágenes para la investigación.
El caso de Lautaro González Riaño fue el último, pero no el único ni el primero. El ex futbolista, al volante de un Peugeot 208, escapó hace una semana de un control de alcoholemia en Ovidio Lagos y Salta, y al cruzar un semáforo en rojo a la altura de Catamarca embistió a un motociclista que falleció horas más tarde. Cuando una semana después la Fiscalía requirió las imágenes de la cámara ubicada en Salta y Ovidio Lagos para la investigación del caso, la respuesta, con la firma de un funcionario municipal, fue que “no funcionaba el 21/08 por un problema técnico”.
El funcionamiento de la cámara de esa misma esquina fue puesta en duda en junio de 2014, cuando un choque entre dos vehículos terminó con la muerte de una mujer, aunque días después funcionarios municipales aclararon que “funcionaba, pero no había registrado” el siniestro vial.
Sin respuesta. El presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, Diego Giuliano, aún espera una respuesta del municipio a un pedido de informe aprobado en julio de 2015 y reiterado en diciembre de ese mismo año. Allí mismo se enumeran los casos donde los dispositivos no funcionaron.
“Las 15 cámaras sobre el paseo del Siglo en el robo al Banco Francés; la gresca que terminó con la vida de un joven de 19 años en Entre Ríos y San Juan; el caso del robo a la enfermera del Hospital Vilela; el caso de Rocío Martín, asesinada frente a la puerta de un boliche, el caso del homicidio de Diego Godoy, en el que el domo municipal de la esquina de Donado y Eva Perón tampoco funcionaba; los hechos delictivos de Travesía y Juan José Paso y la presunta dificultad para acceder a las imágenes de videovigilancia en el caso de Gerardo Escobar, son algunos de los tantos ejemplos de conocimiento público”, dice la presentación de Giuliano.
El concejal del bloque Rosario Federal también recuerda en el pedido al Ejecutivo “los comentarios de la Justicia que manifestaron, en algunas ocasiones, dificultades e inconvenientes en el acceso al material fílmico”. Entre esas denuncias se cuentan las declaraciones del fiscal Miguel Moreno, que en julio de 2014, había asegurado que en al menos tres situaciones —dos de ellas en Travesía y Juan José Paso— en las que pidió imágenes de las cámaras, no logró tenerlas por falta de funcionamiento.
Oficial. El sistema de videovigilancia de Rosario tiene actualmente 1.200 cámaras, detallaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, de las cuales 120 son dispositivos que fueron instalados por la Municipalidad.
Más allá de la respuesta oficial que argumentó “un problema técnico” ante el requerimiento judicial para esclarecer el último siniestro vial, consultados sobre el mediodía de ayer, desde el área a cargo respondieron que “en este momento están todas funcionando”.
Además de la falta de respuesta al pedido de informe, Giuliano criticó el incumplimiento por parte del municipio de la ordenanza que establece que debe funcionar una comisión —integrada por los ediles de la comisión de Seguridad del Concejo— para definir estratégicamente la ubicación de los dispositivos, y a eso agregó la decisión, también del Ejecutivo, de ceder el control del monitoreo a la provincia.
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