El Frente Progresista cuestiona la legalidad de la intervención de la EPE
Diputados pidieron informes sobre los motivos para extender la medida hasta fin de año y exigieron su revocación.
El Frente Progresista, Cívico y Social presentó dos proyectos que cuestionan la legalidad de la intervención de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), medida que el gobierno provincial dispuso por decreto apenas asumió en diciembre y la semana pasada extendió por la misma vía hasta fin de año.
Ambas iniciativas, una de la diputada Clara García (Socialistas-FPCYS) y la otra de Fabián Bastía (UCR-FPCYS), se apoyan en la Ley N°10.014, que define el Estatuto de la empresa y que en el artículo 44 establece que puede solo ser intervenida por el Poder Ejecutivo por un plazo de hasta 180 días como máximo y cita causales que no se han verificado, por lo que, coinciden, se trata de una decisión “ilegal e ilegítima”.
En el caso del proyecto presentado por García, se solicita al Ejecutivo que informe si la tercera intervención de la EPE (la primera fue de 120 días, luego prorrogada por 60 días más) dispuesta en contravención a la Ley N°10.014 fue avalada por dictámenes de asesoría jurídica permanente y/o Fiscalía de Estado y si en las actuaciones consta la posición asumida por la representación gremial de los trabajadores y las cooperativas de servicios eléctricos, que integran el directorio de la empresa, y que hoy se ven desplazados de la toma de decisiones.
La legisladora pidió información sobre los fundamentos que avalan la decisión del gobernador Omar Perotti de prorrogar nuevamente la intervención, dado que “los resultados de la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del estado superavitario de la EPE al 10 de diciembre de 2019 fueron contundentes sobre el sólido estado de la compañía”, explicó la legisladora.
En tanto, el otro proyecto, presentado por el diputado Bastía solicita al gobierno que revoque la intervención y proceda a la inmediata integración de su directorio. El legislador afirmó que la EPE “tuvo resultado positivo durante el ejercicio 2019, tiene una posición sólida, su patrimonio neto es superior al del año anterior en moneda homogénea. Los argumentos sobre los inconvenientes creados por la pandemia y la supuesta demora en la sanción de la Ley de Necesidad Pública no son motivos reales para tal medida”.
“Si las anteriores intervenciones dispuestas por el gobernador Omar Perotti desde el inicio de gestión no se ajustaban a la ley de la EPE, mucho menos ésta, que excede los 180 días establecidos como máximo por la Ley 10.014. Ninguno de los motivos previstos en la ley se dio ni se dan en la actualidad para intervenir la empresa y mucho menos aún para la pretendida prórroga”, señaló el legislador.
En su proyecto de Comunicación, García requirió al gobierno provincial también que explique por qué sostiene que la constitución y funcionamiento del Directorio que dispone la Ley, “impedirían mantener las medidas de gestión adoptadas hasta la actualidad (tanto las referidas al marco de la pandemia COVID-19, como a contrataciones y deudas)”, tal como se menciona en el decreto”. Asimismo, pidió que se informe sobre los motivos por los cuales “la actuación de un interventor y no del directorio legal sería más conveniente para los intereses del Estado Provincial y de todos los santafesinos, en el marco del proceso nacional de renegociación de la revisión tarifaria integral y en las definiciones de la política a seguir para la prestación de los servicios”, como cita el decreto firmado por el gobernador Perotti.
