El Gobierno colombiano vendió en subasta oro de las FARC por US$ 11,9 millones
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ejecutivo colombiano, que subastó en la ciudad de Medellín los casi 210.000 gramos de oro en lingotes, dijo que hizo “un gran negocio” y aseguró que los compradores también “porque por la mañana subirá el valor del metal”, informó la agencia de noticias Europa Press.
En total fueron 208.191,22 gramos de oro que las disueltas FARC entregaron a la Misión Especial de Naciones Unidas entre julio y agosto de 2017, además de lo que incautó la Fiscalía como parte de los procesos de paz, que hasta ahora habían estado bajo custodia en el Banco de la República, en Bogotá.
En la subasta sólo podían participar empresas internacionales con el fin de evitar operaciones de lavado de dinero, informó el diario bogotano El Espectador.
Algunas compañías procedentes de Estados Unidos, Italia, India, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos habían mostrado interés por pujar por el oro.
El dinero obtenido se destinará directamente a las reparaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia, mientras la cantidad incautada por las autoridades, 10.904,26 gramos, será gestionada a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) del Ministerio de Hacienda.
Según marca la ley, el Fisco deberá destinar un 25% de lo recaudado hacia el sistema judicial, otro 25% para la Fiscalía y la mitad restante para el Gobierno de Colombia.
En su momento, el inventario de las FARC generó polémica, ya que los exguerrilleros incluyeron, además del oro y los dólares, ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, obras como “mejoramiento de acueducto” y hasta rutas rurales.
En su defensa, explicaron que entregaban todos esos elementos porque las FARC habían hecho en mucho lugares lo que el Estado no.
En junio 2018, la Unidad de Investigación y Acusación de la la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó medidas cautelares para los bienes que hacían parte del inventario de la extinta guerrilla, que posteriormente fueron entregados a la ONU bajo e nombre de “Economía de guerra” con el fin de que quedaran congelados y garantizar que su monetarización fuera destinada a las víctimas.
En marzo de 2019, se decidió que la Fiscalía fuera la entidad que dictara medidas cautelares sobre los bienes.
