El gobierno de Santa Fe denunció a la ONG Grávida por obstaculizar los derechos de una niña embarazada
Se sospecha que la ONG pudo haber obstaculizado el aborto que quiso hacerse la menor tras enterarse que gestaba un embarazo de 24 semanas.
El gobierno de Santa Fe pidió este lunes que se investigue el desempeño que tuvo la ONG Grávida durante su intervención en el caso de la nena de 12 años de Garibaldi (departamento Castellanos) que pidió abortar luego de haber quedado embarazada a raíz de un abuso sexual cometido por su padre.
La nena que había desaparecido luego de manifestar su deseo de interrumpir el embarazo provocado por las reiteradas violaciones de su padre fue encontrada en un refugio de del grupo “provida” de la ciudad de Santa Fe y puesta bajo el sistema de protección del Estado provincial.
Rescataron de un grupo provida a una niña violada y embarazada por su padre que pidió abortar
Principio del formulario
La preadolescente es oriunda de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y tras manifestar su voluntad en ese sentido debía ser sometida a la interrupción del embarazo (el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional). Pero la menor no se presentó al hospital debido a que fue captada y llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida.
El pedido fue mediante una presentación de información realizada en la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe que encabeza Alejandra Del Río Ayala, la fiscal a cargo de la causa que investiga el abuso sexual de la menor.
Garibaldi: buscan a una nena de 12 años que pidió abortar tras ser abusada por su padre
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el de Igualdad, Género y Diversidad pusieron a disposición de la Justicia todas las actuaciones surgidas a partir de la intervención de Grávida al momento que la nena pidió interrumpir el embarazo de 24 semanas de gestación, tal como lo prevé la ley de Interrupción Legal del Embarazo.
“Venimos por la presente, a poner a su conocimiento, en los términos del art. 262 del CPP de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, a los efectos de que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos que más abajo se relatan”, sostiene un fragmento de la presentación realizada y que fue difundida por el Gobierno.
“La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”, agregó.
El gobierno además sostuvo que la Ong obstaculizó el acompañamiento del Estado con la menor al momento de asistirla en el aborto. “A través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”, resaltaron.
No puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña”, concluyó.
EL COMUNICADO DEL GOBIERNO SOBRE GRÁVIDA:
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en los términos del art. 262 del Código Procesal Penal de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida.
En el escrito, cuya publicación completa no es viable por contener información privada y que, de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia, sostiene: “Venimos por la presente, a poner a su conocimiento, en los términos del art. 262 del CPP de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, a los efectos de que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos que más abajo se relatan”.
En párrafos posteriores se indica que “La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.
En este sentido, el escrito aclara que no abordará en detalle los informes ya que serán adjuntados. Por otro lado aclara: “Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.
Será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación. Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña.
