El Ministerio de la Acusación pidió a Lifschitz duplicar las fiscalías

Fue anoche, en una inédita cumbre por la inseguridad con 65 fiscales. El mandatario tomó nota y prometió respuestas en breve.

Los jefes del Ministerio Público de la Acusación le plantearon ayer al gobernador Miguel Lifschitz la necesidad de duplicar la cantidad de fiscales en la provincia para investigar con mayor eficacia la ola de violencia en Santa Fe. “A nivel internacional hay 8 fiscales cada 100 mil habitantes. En Santa Fe tenemos 3,5, menos de la mitad”, precisó el fiscal General, Julio de Olazábal. El funcionario dijo que en lo inmediato se necesitan cubrir 50 fiscalías creadas por ley que están vacantes. Y su par de la Regional Rosario, Jorge Baclini, reclamó por “equipos técnicos para cada unidad fiscal para poder investigar con mayor rigurosidad científica” los delitos.

Las solicitudes fueron vertidas en una inédita cumbre por la inseguridad encabezada por el gobernador con unos 65 fiscales de distintas unidades que se desempeñan en Rosario, en un mes marcado por varios delitos graves y de alto impacto social.

El cónclave duró algo más de dos horas. Lifschitz pidió a los representantes del Ministerio de la Acusación su mirada sobre la coyuntura violenta que se vive en las principales ciudades de la provincia.

Así, escuchó decenas de planteos sobre la escasez de recursos humanos y materiales con los que cuenta el Ministerio Público de la Acusación, que desde la reforma del Código Procesal Penal dejó en manos de los fiscales la investigación de los delitos.

Lifschitz, junto a su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y otros miembros del gabinete tomó nota de los reclamos de los fiscales. si bien no hubo promesa concreta, los responsables de las Fiscalías se fueron conformes de la cumbre.

“Esta reunión de hoy, más que un punto de partida es un reimpulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para trabajar en conjunto en la persecución del delito”, resumió Olazábal.

Y Baclini sumó: “El hecho de que la máxima autoridad de la provincia haya bajado a escuchar de boca nuestra, de los fiscales, cómo está la situación y cómo estamos trabajando es un gesto a destacar”.

“Es importante que el gobernador quiera escuchar en persona todo esto, tomó nota caso por caso para seguir de cerca la situación”, agregó el funcionario.

El jefe de la Fiscalía Regional Rosario confirmó que en la charla con el gobernador “se insistió sobre la necesidad de sumar recursos humanos y materiales al Ministerio Público para hacer más eficiente la tarea de investigar los delitos”.

Olazábal fue más gráfico y señaló: “A nivel internacional el parámetro que se maneja es tener unos 8 fiscales cada cien mil habitantes. En Santa Fe tenemos 3,5, es decir menos de la mitad. Queda claro que necesitamos aumentar el número de fiscales”, subrayó.

El fiscal General destacó que “en lo inmediato se requiere completar las vacancias que hay en unas 50 fiscalías creadas por la Legislatura cuando se implementó el nuevo Código, eso es lo más urgente”.

Baclini agregó además que “al interior de cada fiscalía, de las que ya funcionan, se necesitan más recursos humanos para armar verdaderos equipos técnicos. Hoy cada fiscal tiene un colaborador, cuando debería tener no menos de tres”.

En el encuentro también hubo pedidos referidos a equipamiento, aparatos tecnológicos y laboratorios de calidad en materia criminalística para avanzar con celeridad y eficacia en la investigación de los hechos violentos.

Baclini cerró: “en el diagnóstico no hubo ninguna diferencia entre el Ejecutivo y los representantes del Ministerio Público de la Acusación, todos somos conscientes de la gravedad de la situación que es de público conocimiento y afecta a toda al sociedad santafesina”.

Afuera, una ruidosa protesta

Mientras adentro de la delegación local de la Gobernación se realizaba la inédita cumbre por la inseguridad entre 65 fiscales y el gobernador Miguel Lifschitz, afuera del edificio un centenar de víctimas de hechos violentos protestaba a viva voz. Colocaron cruces, encendieron velas y cuestionaron la política de seguridad de la provincia. “Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de matar”, cantaban indignados mientras la policía les impedía ingresar.