El peaje de la Autovía N° 19 pasará a manos del Estado Nacional
El Estado nacional asumirá la gestión de cinco corredores viales que fueron administrados según el gobierno kirchnerista de manera “deficiente” por las concesiones privadas durante los últimos cuatro años.
Así lo anunció esta semana el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde precisó que queda efectivo el traspaso a partir de hoy -por el martes- del Corredor Vial Número 3, que estaba en manos de la concesionaria Autovía Buenos Aires a Los Andes. A su vez agregó que se traspasarán otros cuatro en los próximos cinco meses, que serán administrados por Corredores Viales Sociedad del Estado, a cargo de Gonzalo Atanasoff.
En este orden, el Corredor Vial Número 2, a cargo de Corredor Integración Pampeana, pasará a la órbita estatal a partir del 29 de febrero; mientras que el Número 6, de Caminos del Paraná, el 31 de marzo; el Número 8, que operaba Corredor Central, el 30 de abril.
En tanto desde el 31 de mayo el Corredor Vial Número 4, bajo concesión de Carreteras Centrales de Argentina, que incluye la Autovía N° 19 pasará a manos del Estado nacional.
Según confirmaron a Télam, el traspaso incluirá a los más de 1.200 empleados que trabajan en las cinco concesiones que, en el corto y el mediano plazo, pasarán a cumplir funciones dentro de la estructura estatal de la empresa Corredores Viales.
“Estas concesiones tuvieron un costo en subsidios en el 2019 de $ 5.800 millones. En los últimos cuatro años, de $ 18.000 millones. Quiere decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado que es el costo de estos subsidios”, afirmó Katopodis, acompañado por Atanasoff y Gustavo Arrieta, el flamante director de Vialidad Nacional. Explicó que “son corredores donde en general el mantenimiento ha sido deficitario y donde no ha habido ninguna obra importante, como la repavimentación o la mejora de estos caminos y de estas rutas”.
En ese sentido, el funcionario K sostuvo que el objetivo del Gobierno es “poner en marcha un modelo que priorice el interés público sobre el privado y que maximice el mantenimiento de las rutas a partir de la recuperación del rol del Estado y de Vialidad como administrador de estos caminos y rutas que habían sido gestionados de manera deficientes por sus concesionarios privados”.
También precisó que han sido ordenadas auditorías en cada una de las áreas del Ministerio de Obras Públicas, porque la situación heredada del gobierno de Mauricio Macri es realmente grave, por el endeudamiento, la parálisis de las obras, el modelo de negocios y la decisión de privatizar y reducir al mínimo la capacidad de regulación del Estado en el control de este tipo de concesiones.
Son 40.000 kilómetros los que administra Vialidad y hasta el día de hoy 9.000 estaban concesionados. De esos 9.000 que estaban concesionados, 3.200 son los que en los próximos cinco meses van a pasar a administración de Vialidad Nacional porque estamos convencidos de la capacidad del Estado.
El ministro garantizó además los subsidios y la recaudación de los peajes serán reinvertidos por el Estado en el mantenimiento de las rutas para obtener “mejores resultados”.
“Estamos haciendo las auditorías para saber cuál fue el destino de los $ 18.000 millones que a los argentinos les salió el mantenimiento de estas concesiones, siendo que en general en cada uno de estos corredores y cada una de estas rutas no encontramos “a priori” la realización de obras y del mantenimiento correspondiente que acredite el impacto de esos recursos en este tipo de inversiones”, afirmó Katopodis.
Al respecto, no descartó que su cartera impulse presentaciones judiciales luego de concluir los cinco traspasos, y precisó que se van “a revisar cada una de estas concesiones y tomar las decisiones más inteligentes. Algunas de esas concesiones ya están judicializadas. Iremos viendo qué va dictaminando la Justicia y cuál es el resultado de las auditorías y tomaremos las decisiones correspondientes en cada uno de los tramos y de las concesiones que ameriten que el Estado resuelva”, puntualizó el ministro K.
