El viernes será la sesión conjunta para suspender al fiscal Ponce Asahad
Los diputados y senadores de la provincia serán convocados para la sesión especial conjunta de ambas Cámaras, este viernes 7 de agosto, a las 13 horas, para tratar la suspensión por 180 días del fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad.
La vicegobernadora Alejandra Rodenas confirmó la fecha, hora y las características de la convocatoria que tendrá un carácter mixto, ya que contará con la presencia de un reducido número de legisladores y la participación mayoritaria de los demás de manera virtual, por sistema de teleconferencia.
La presidenta del Senado optó por utilizar el recinto de la Cámara que preside, porque confía en que el personal tiene una experiencia algo mayor en realizar las telesesiones, ya que –de hecho- el Senado de Santa Fe fue el primero en llevarlas a cabo en el país.
Rodenas informó que se ha invitado especialmente a formar parte de los presentes al presidente de la Cámara de Diputados, el ex gobernador Miguel Lifschitz, así como al presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y al presidente y el vicepresidente de la Comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y Pablo Farías (FPCyS), respectivamente.
La sesión especial conjunta de ambas Cámaras requiere de mayorías más exigentes que la Asamblea Legislativa. En el primer caso sesionan los dos cuerpos a un mismo tiempo, mientras que en el segundo simplemente se suman sus integrantes. Para la reunión -virtual y presencial- del viernes se requiere entonces que cada Cámara tenga los números necesarios para sesionar. La Comisión de Acuerdos emitió un dictamen por unanimidad, el martes 4 aproximadamente a las 20 horas, que recomienda a la Legislatura la suspensión de Ponce Asahad, a quien unas horas antes la Justicia le dictó la prisión preventiva, acusado de haber tener vínculos con bandas delictivas vinculadas al narcotráfico y el juego clandestino, con ramificaciones con “Los Monos”. La pronta convocatoria de la vicegobernadora muestra el fuerte consenso que ha existido en la Legislatura para tomar una medida -cuanto antes- sobre el fiscal.
El martes, en tan solo unas horas, la Comisión de Acuerdos abocarse a investigar, designó a un acusador, pidió la convocatoria a una sesión especial conjunta de ambas Cámaras y emitió el dictamen respectivo, por unanimidad para avanzar. Y en menos de 24 horas la vicegobernadora produjo el anuncio de la convocatoria. El dato del tiempo es clave: la legislación vigente le otorga a esa comisión un cómodo plazo de diez días hábiles para dar el primero de todos esos pasos, es decir, definir si tomará o no el caso en sus manos (en forma paralela a la actuación de la justicia). Y del mismo modo, Rodenas pudo haber demorado incluso más de una semana ese llamado.
En el Poder Legislativo se decidió mostrar una reacción inmediata, -muy veloz en términos parlamentarios- que es también una respuesta política a una situación institucional grave: las hipotéticas complicidades entre narcotraficantes y delincuentes vinculados al juego ilegal con quienes deberían haberlos perseguido, es decir, los fiscales. Acuerdos había pedido la convocatoria con carácter de urgente. “Cuanto antes”, según la expresión que usó su presidente, el senador Gramajo, que dialogó con los periodistas, junto a legisladores del oficialismo y de la oposición que forman ese cuerpo en las escalinatas de la Legislatura el martes por la noche.
Todo indica que se aprobará este viernes el dictamen que recomienda la suspensión Ponce Asahad, y la rebaja de su salario como fiscal al 50%. De esto último, cada senador y diputado que ayer dialogó con la prensa se encargó de aclarar que así está dispuesto por la Ley y que si fuese por ellos, el fiscal a suspender no debería seguir cobrando. (En rigor, se trata de una normativa relativamente reciente en la que algunos de los que así opinan participaron activamente cuando se gestó la reforma procesal penal y al establecerse el control directo de fiscales y defensores por parte del Legislativo).
Un debate general
El panorama se completa con la renuncia a la Fiscalía Regional de Rosario de Patricio Serjal. Y, por ahora, se trata de un problema con fiscales del sur. Sin embargo, la mirada de los legisladores, como de la Casa Gris, ahora involucra a los mecanismos de control, internos y externos, del MPA.
Se observan tanto la labor de esas instancias de control (en parte las que se reservó el Poder Legislativo respecto de las llamadas faltas graves) como las que posee la auditoría de ese órgano del sistema penal, e incluso su conducción. Hay legisladores con dudas al respecto. Habrá que ver si esas consideraciones llegan a establecer un debate formal, con alguna propuesta concreta de modificación legislativa.
Otro debate muy particular
Tan pronto como comenzaron a ser revisadas las fojas de servicios de los fiscales del sur, fueron dividiéndose las aguas en la Legislatura entre quienes señalaban “a ése lo propusieron ustedes” y aquellos que les respondieron con la retórica pregunta: “¿y de quién era mayoría cuando se lo votó? El proceso por el que Santa Fe designa a fiscales y defensores es motivo de debates, no pocas veces, cuando se tratan pliegos en la Asamblea Legislativa. Hay quienes cuestionan los concursos, por su metodología para calificar y otros que siempre advierten que esa instancia no es obligatoria para el Poder Ejecutivo, que se ha autolimitado en su potestad constitucional de enviar a quien desee, siempre que tenga las condiciones exigidas.
Los reproches (cambian según se esté en la oposición o en el oficialismo) también incluyen los apoyos o no para tomar medidas contra fiscales cuyos procesos en la Legislatura no avanzaron. Es el caso de Serjal, sólo que cuando se revisó su actuación al comprar dos coches, a un empresario encausado en su jurisdicción, el debate era otro: había dudas respecto de si se trataba de una falta ética o algo peor. Ahora, en cambio, ya nadie menciona esa palabra. En esa danza de nombres de fiscales del sur en Acuerdos, que comenzó en 2019, se dijo ayer que hay nuevas acusaciones sobre uno de los ingregantes del MPA que “no le hace honor a la claridad de su apellido”, que bien vendría que otros fiscales que llegaron a una instancia parecida hagan lo que hizo Serjal y que “den un paso al costado” en devolución de favores al sector político (o a los consensos entre distintos sectores) que los cobijó cuando se los nombró, y también se mencionan más nombres para ir a esa comisión.
Es verdad que por ahora son unos pocos, pero son casos tan resonantes por la gravedad de los hechos por los que están imputados, tanto ante la Justicia Federal como por la auditora general del MPA, Marcía Cecilia Vranicich, que la Legislatura y los acuerdos que la gobiernan vive un momento complejo. Unos esperan que la carrera de tortugas tenga como claro ganador a la Justicia y que en sus estrados avancen las causas antes que las medidas a votar en la Legislatura. Otros, en cambio, que con su propios pasitos -el de este martes 4 de agosto fue importante y se consolidará muy pronto el viernes 7- se llegue antes a la bandera a cuadros, con trancos cortos pero seguros.
