Había recibido amenazas
Femicidio en Mendoza: asesinaron a puñaladas a una mujer y detuvieron a su expareja
Este martes por la noche en el barrio El Carmen del departamento mendocino de Guaymallén. La víctima tenía 33 años.
El crimen ocurrió alrededor de las 21.30 en el barrio El Carmen, del mencionado distrito cercano a la capital provincial y de acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fatal identificada, por la Policía mendocina como Vanina Gabriela Videla quien había recibido amenazas en las horas previas al ataque por parte del presunto agresor.
En el lugar, personal policial entrevistó a la víctima, que aún se encontraba consciente, quien dio cuenta de las amenazas recibidas y contó que en momentos en que salía de su trabajo y se dirigía a su domicilio fue abordada por el hombre.
Luego, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado arribó al lugar y los médicos constataron que la mujer tenía una herida de arma blanca aun “incrustada” en el tórax a la altura del pecho y escasos signos vitales. Finalmente, minutos antes de las 22 se constató el deceso.
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Por su parte, el acusado del femicidio, identificado como Esteban Rodríguez, fue detenido por vecinos en las inmediaciones de la escena del crimen.
Interviene en la causa la Oficina Fiscal 9 y el imputado será indagado hoy en las próximas horas.
Y según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 1ero de enero y el 30 de junio de 2023 se produjeron en Argentina 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
En paralelo, 188 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 56% son menores de edad. El 57 % de los agresores eran parejas o exparejas.
Capítulo aparte merecen los femicidios policiales. Los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales registran que entre 2010 y 2022 al menos 55 mujeres fueron asesinadas por efectivos policiales por motivos de género solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con agentes entrenados por el Estado. En los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, precisa responsabilidades: “El Estado tiene la obligación especial de controlar el uso del armamento que provee a sus funcionarios públicos, así como de investigar cabalmente los hechos lesivos o letales que se cometen con esas armas y de prevenir que vuelvan a ocurrir casos similares en el futuro”.
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También desde el CELS, Juliana Miranda aporta una ruta para trabajar la violencia machista en y con las fuerzas de seguridad: “Intervenciones en sus carreras de estudio, en la cultura institucional y capacitación continua para transformar patrones de conducta, de actuación, que calan súper hondo en las fuerzas. Reformas profundas y transversales”.
Y añadió que “en cuanto al sistema político, se requieren respuestas institucionales. Específicamente, esta violencia que perpetran las fuerzas de seguridad no se ha abordado en forma eficaz y duradera. Creo que hace falta reforzar las capacidades de control -que tiene que ser de organismos civiles que dependan del Poder Judicial o de los propios ministerios de seguridad- y apuntar a detectar nodos problemáticos y regularidades a través de la producción de información estadística y cualitativa”.
