Golpe récord al contrabando: decomisan más de 8.100 toneladas de maíz
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concretó el mayor decomiso de granos en su historia, sobre 8.100 toneladas de maíz que se iban a exportar en barcazas a Uruguay que presentaban irregularidades de origen.
La mercadería, que estaba en depósitos del puerto de Campana, equivale a la carga de unos 300 camiones y alcanza un valor de mercado de $160 millones, se indicó.
A través del procedimiento de la Dirección General Impositiva (DGI), se desarticuló una maniobra de evasión, más allá del valor de mercado del cereal, por unos $65 millones, indicó la AFIP.
Un Intendente organizó un asado y Bromatología le decomisó la vaca
El organismo ya había informado la incautación en un depósito fiscal en Rosario de 502 toneladas de soja listas para exportar a Paraguay, con 16 camiones y choferes del vecino país.
Se llegó a la incautación tras observar irregularidades en la documentación respaldatoria.
En cuanto al nuevo procedimiento, la mercadería, que estaba en depósitos del puerto de Campana, se pretendía exportar en barcazas a Uruguay.
“La investigación comenzó hace tres meses cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz”, indicaron fuentes del organismo recaudador.
Luego se solicitó información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana.
“La pesquisa permitió detectar productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Asimismo, se constató la adulteración en algunas de cartas de porte utilizadas”, indicó Impositiva.
El decomiso del maíz se hizo a comienzos de esta semana y ahora en el organismo aguardan una decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta.
“El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social”, indicaron.
