Pueblada en Chaco: coparon una comisaría y destrozaron un juzgado por la desaparición de un joven wichí
Sucedió en la localidad de Misión Nueva Pompeya. El Gobierno provincial dispuso que un grupo de funcionarios viaje hasta esa localidad de “El Impenetrable” para que cese de la violencia. También se esperan refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional
El reclamo por la desaparición de un joven de 17 años perteneciente a la comunidad wichí de la localidad Misión Nueva Pompeya desencadenó incidentes que culminaron con 12 policías heridos y 21 detenidos en Chaco. En ese contexto, el Gobierno provincial dispuso que un grupo de funcionarios viaje hasta esa localidad de “El Impenetrable” para que cese de la violencia. También se esperan refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional.
Todo comenzó cuando la familia de Salustiano Giménez denunció su desaparición, el pasado 17 de febrero. En el medio de su intensa búsqueda, este sábado, unas 200 personas encapuchadas se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir por su aparición. “Sin mediar palabras avanzaron con machetes y palos. Rompieron el cordón humano del personal policial y tomaron el interior del edificio. Además, destruyeron vidrios, ventanas y electrodomésticos”, informó Diario Chaco.
De acuerdo con el mismo medio, los incidentes continuaron este domingo cuando un grupo de personas atacó de nuevo la comisaría local y, además, el edificio del juzgado Multifueros y el de la Municipalidad. Todo debido a las presuntas demoras de parte de las autoridades para dar con el paradero de Salustiano Giménez. Por los disturbios hay 12 policías heridos y 21 personas detenidas.
Frente a esta situación, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, entre otros funcionarios, viajaron este domingo a la localidad de Misión Nueva Pompeya para “atender personalmente la situación” y “buscar un camino de diálogo que permita el cese de la violencia”, según indicaron en un comunicado.
En un video publicado en la página de la cartera de Seguridad y Justicia de la provincia, la ministra Zalazar reiteró el pedido de diálogo y respeto por las leyes. “En una sociedad democrática como la nuestra, el único camino para restablecer el orden es el diálogo, que nunca debe cortarse entre diferentes estamentos del Estado y la comunidad”, declaró. También se solidarizó “con las víctimas de los hechos, con nuestra Policía que nos cuida todos los días, y con los vecinos y vecinas de Nueva Pompeya”.
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Y remarcó que están puestos “todos los recursos que sean necesarios para garantizar el cuidado de los ciudadanos y efectivos policiales que trabajan de buena fe para garantizar la paz social y restablecer el orden”. Además, informó que, en las próximas horas, llegarán a la localidad refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron su preocupación por la situación, “llamaron al diálogo” y pidieron a las autoridades provinciales que liberen a los detenidos.
“Es necesaria la creación inmediata de una mesa de diálogo para la solución del conflicto: las autoridades estatales deben garantizar que continúe el proceso de búsqueda y que liberen a las personas detenidas”, apuntaron desde sus redes sociales.
Desde el Gobierno afirmaron que, desde el mismo día de su desaparición, el joven wichí fue buscado por el Sistema de Búsqueda Provincial y por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, con la utilización de recursos técnicos como drones (uno térmico) y dos canes, y de recursos humanos especializados disponibles en la provincia.
Hasta el momento, sin embargo, no hay novedades de Salustiano Giménez. La última vez que se lo vio fue en las inmediaciones de Paraje Barrio Nuevo de la localidad Nueva Pompeya, Chaco. Fuentes de la investigación confiaron a Infobae que, en un primero momento, los padres del adolescente hicieron denuncia como “Fuga”, aunque después hablaron de una “desaparición”.
Por el caso, se abrió una causa judicial que quedó a cargo de la fiscal de Investigación N°1 de Castelli, Raquel Maldonado. Según supo este medio, una de las primeras medidas que tomó la funcionaria fue cambiar la carátula de la causa como “presunto homicidio”, lo cual habría desencadenado el enojo de la comunidad wichí y el posterior ataque a la comisaría. Sobre esto último, de acuerdo con Diario Norte, Maldonado dio intervención al Gabinete Científico de Castelli para recolectar todas las pruebas e información necesaria que permita identificar a los responsables y constatar los daños ocasionados en esta escalada de violencia.
En el caso también interviene el Juez de Garantías de Castelli, José Luis Kerbel.
