Imputaron al piloto del avión venezolano como sospechoso de terrorismo
La fiscal Cecilia Incardona amplió el requerimiento luego del informe del FBI. El juez Villena ya ordenó más de 60 medidas de prueba. Los cinco iraníes y los 14 venezolanos seguirán en el país
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Ezeiza, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.
Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.
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Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.
La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.
Aunque la fiscal le restó importancia al informe del FBI, porque “la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia”, mencionó en su requerimiento que esa agencia confirmó que Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air.
La fiscal Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma. “Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión”, destacó la fiscal en su requerimiento.
“Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable”, completó.
En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente ya suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.
Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona destacó que “existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación”.
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De esta manera, se descarta que el juez mantendrá retenidos los pasaportes de todos los tripulantes y la prohibición de salida del país.
Por último, la fiscal pidió indagar sobre la carga que transportaba el avión, “con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión”.
Según la documentación que tiene la Aduana, la carga pesó 47.882 kilos, repartida en 312 bultos, aunque el avión tendría una capacidad total de 80 toneladas.
El importador de ese envío fue SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, dijo a través de un comunicado.
Volkswagen también se desligó del avión desde el comienzo. Y la empresa de logística decidió echarle la culpa a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, dijo a través de un comunicado. Sin embargo, Fracht hasta ahora no se presentó en el juzgado de Federico Villena.
