Investigan al Ministro de Economía y al presidente del Banco Central de Brasil
Paulo Guedes y Roberto Campos Neto aparecen en los documentos dados a conocer en los Pandora Papers como dueños de dinero depositado en paraísos fiscales. Para el diputado opositor Alessandro Molon se trata de acciones constitutivas de delito.
La fiscalía general de Brasil determinó la apertura de una investigación preliminar sobre los posibles delitos cometidos por el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, las dos figuras del Gobierno de Jair Bolsonaro con empresas y dinero en el paraísos fiscales revelado en la filtración de documentación Pandora Papers.
La decisión es del fiscal general Augusto Aras, puesto por Bolsonaro en el cargo en 2019, aunque significa en la práctica buscar una respuesta oficial de los involucrados en el escándalo.
Guedes, financista neoliberal que trabajó para la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y actuaba como administrador de fondos de inversión, mantiene desde 2014 una empresa con 9,5 millones de dólares en la guarida fiscal de las Islas Vírgenes Británicas que según el Gobierno había sido declarada ante el fisco brasileño.
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“Si es necesario haremos un pedido de apertura de una causa ante el Supremo Tribunal Federal. La primera persona a ser escuchada será Guedes”
AUGUSTO ARAS
Según la prensa local, con la devaluación del real iniciada en 2019 cuando asumió Bolsonaro con Guedes, el ministro de Economía habría ganado con esa cuenta unos 14 millones de reales, casi 3 millones de dólares.
Campos Neto, en cambio, se defendió y dijo que no hizo negocios en sus cuatro empresas offshore -dos en Panamá y otras tantas en las Bahamas- desde que asumió el cargo al frente del Banco Central, donde a partir de este año tiene independencia legal respecto del Poder Ejecutivo en base a una ley aprobada por el Congreso.
Campos Neto dijo en un evento online que su patrimonio es parte de 22 años en el mercado financiero antes de ingresar a la función pública, donde tiene responsabilidad total en el cambio, la tasa de interés y las metas de inflación.
El fiscal Aras dijo al sitio Poder360 que la Procuraduría General de la República “no puede investigar con base en noticias de prensa”.
“Como de costumbre, habrá una averiguación preliminar, escuchando personas y recibiendo documentos. Si es necesario haremos un pedido de apertura de una causa ante el Supremo Tribunal Federal. La primera persona a ser escuchada será Guedes”, dijo Aras.
Grandes empresarios brasileños aliados al bolsonarismo han aparecido en la lista, como el magnate Luciano Hank, de las tiendas Havan, y el dueño de CNN Brasil y la constructora MRV, principal financista del club Atlético Mineiro.
También los socios de la prepaga Prevent Senior, investigada por hacer ensayos en humanos sin autorización con hidroxicloroquina en pacientes con Covid-19 para evitar internarlos para reducir costos.
“Desde la oposición vamos a proponer la citación y presentar un recurso por improbidad administrativa en contra de ambos”
ALESSANDRO MOLON
Los grandes medios como Valor, O Globo y Folha de Sao Paulo han colocado en tercer plano el escándalo surgido de las filtraciones con origen anónimo que en Brasil tiene como socios a la revista Piauí y al sitio Poder 360
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Guedes y Campos Neto nunca habían hecho público ese patrimonio y ni la prensa local había informado de ello.
El líder de la oposición en la Cámara baja, el diputado Alessandro Molon, expresó que se trata de acciones constitutivas de delito.
“Viola directamente el artículo 5 del Código de Conducta de la Alta Administración Federal y, por tanto, debe dar lugar a la renuncia del ministro. Desde la oposición vamos a proponer la citación del ministro y del presidente del Central para dar aclaraciones a la Cámara de Diputados y presentar un recurso de representación en el Ministerio Público Federal (primera instancia) por improbidad administrativa en contra de ambos”, detalló Molon.
El jefe del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores, Elvino Bohn Gass, sostuvo que Guedes y Campos Neto deben ser investigados por la fiscalía general.
