Investigarán a Bolsonaro por difundir noticias falsas sobre el sistema electoral
La justicia brasileña ordenó este miércoles abrir una investigación hacia el presidente Jair Bolsonaro, acusado de difundir noticias falsas acerca del sistema electoral vigente.
Alexandre de Moraes, el ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó incluir al mandatario en un expediente en el que se investigan los delitos de “calumnia” e “incitación al crimen”, a raíz de los cuestionamientos sin pruebas que realizó en las últimas semanas sobre el voto electrónico, cuando faltan 11 meses para las elecciones presidenciales.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil pidió a la Corte Suprema la apertura de una investigación complementaria a la que ya cursa ese organismo.
A pesar de no haber presentado pruebas, Bolsonaro afirma que el sistema de voto electrónico, que se utiliza en Brasil desde 1996, se presta al fraude. Por este motivo, el mandatario propone que se imprima un recibo después de cada voto en la urna electrónica, para que los totales puedan ser recontados físicamente.
El domingo pasado, seguidores del excapitán del Ejército se manifestaron en las calles para respaldar su iniciativa de modificar el actual método de sufragio, aunque Bolsonaro no participó de las movilizaciones.
En respuesta a las investigaciones que inició el TSE, el presidente brasileño contestó que no aceptará “intimidaciones” de ese cuerpo ni “elecciones dudosas en 2022”.
Incluso, ha llegado a convocar al pueblo a “armarse” en caso de registrarse un “fraude” en los comicios.
El líder de la ultraderecha de Brasil buscará ser reelegido en las elecciones del año próximo, aunque, según las encuestas, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal competidor, se perfila como virtual ganador.
Al estar involucrado en la investigación sobre las noticias falsas, Bolsonaro corre el riesgo, en última instancia, de ser apartado de las elecciones.
Para que esto suceda, la Fiscalía tendría que presentar una denuncia formal contra el mandatario al terminar la investigación, después la Cámara de Diputados debería aprobar con dos tercios de los votos que el proceso continúe, y finalmente debería ser condenado por el Tribunal Supremo.
