Junta Provincial: el gobierno santafesino pidió sacar a la seguridad de la discusión política pública
Lo plantearon la ministra Arena y la jefa de Policía en la exposición ante el plenario que comparten con legisladores e integrantes del Poder Judicial. Diputados de la oposición plantearon cuestionamientos a la ejecución presupuestaria y a la falta de política de detección de armas.
Por Mario Cáffaro
“El diálogo se construye; tenemos voluntad de trabajar en conjunto. En idas y vueltas podemos encontrar caminos de entendimiento sabiendo que estamos en posiciones políticas diferentes” señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, ayer en el final de la segunda reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Fue después de más tres horas donde funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, la cabeza del Ministerio Público de la Acusación y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre departieron, preguntaron, informaron y disintieron sobre seguridad pública.
Foto: Luis Cetraro
La reunión se hizo en El Molino – Fábrica Cultural, fue abierta a la prensa y por una cuestión personal no pudo asistir el gobernador Omar Perotti.
Detuvieron a más de 500 personas en los primeros meses del año en Santa Fe
Dos datos positivos: La jefa de Policía, Emilce Chimenti, dijo que esta semana desde que se implementó el control policial sobre motos bajó sensiblemente la denuncia al 911 por robos de motochorros; el otro fue del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach quien aseguró que en lugares donde hay una fuerte intervención del Estado provincial como el barrio Villa Banana en Rosario bajó a cero el homicidio y los heridos de armas de fuego en el año. También hay indicadores alentadores en Acería y Las Lomas, dos barrios de Santa Fe. “Sentémonos otro día a repasar estos datos” desafió el ministro que admitió que son datos alentadores y que demandan mucho recurso humano y presupuestario pero que es el camino para bajar índices de inseguridad en zonas de las grandes ciudades.
En el inicio de la reunión hubo un planteo de la Asociación de Víctimas del Delito para participar del encuentro que los ministros del Ejecutivo consideraron que no correspondía. No obstante, siguieron la reunión junto a los periodistas. Le siguieron exposiciones muy críticas de diputados. Joaquín Blanco (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Juan Cruz Cándido (UCR), Agustina Donnet (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Pablo Farías (PS) y Walter Ghione (Uno) fueron dejando inquietudes sobre sistema penitenciario, armas, la licitación anulada de compra de armas, policías, concurso de fiscales, etc.
El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el secretario del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, plantearon el problema de la superpoblación carcelaria. El segundo informó que hacia fin de año habrá 1.300 nuevas plazas y que la futura cárcel federal de Coronda ya está en un 80%. “De cada cien detenidos por mes, solo egresan veinticinco” admitió Lagna. El ministro anunció que el viernes llegarán 480 autos para la policía pero que no pueden comprar camionetas ante las carencias que tiene el mercado. Anunció licitaciones para compras de armas y de chalecos. Ante la pregunta puntual de Farías sobre la licitación de su antecesor, Marcelo Sain, Lagna informó que la anuló.
A su turno, Chimenti, reclamó apoyo a la policía. “No puede ser que el accionar policial es cuestionado por los vecinos y también por la política. No todo lo que hacemos es malo”, se quejó para luego dar el dato de la caída de denuncias al 911 desde que ejercen el control sobre motociclistas.
Jorge Baclini, titular del Ministerio Público de la Acusación, admitió que necesitan trabajar en una mejor política de control de armas así como mejorar en la investigación de homicidios, de crimen organizado y de violencia de género. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunció que en el segundo semestre del año abrirán los concursos para designar las nuevas autoridades del MPA para que estén designados dos meses antes de la finalización del mandato de los actuales “para que haya una transición ordenada”.
En las respuestas quedó en evidencia en lento avance para lograr la presencia de mayor número de fuerzas federales en el territorio. “Aníbal Fernández ratificó que habrá un destacamento de Gendarmería en Rosario” dijo Lagna aunque no pudo precisar fechas. También hubo quejas por la deuda de nación por alojamiento de presos federales y de los pocos avances en la modificación del mapa de la justicia federal en Santa Fe.
Sobre el final se acordó que en las próximas reuniones se buscará agendar uno o dos temas. Ayer fueron muchos los planteos y funcionarios y legisladores acordaron estrechar el diálogo sobre necesidades y aportar a proyectos legislativos.
Traferri
El senador Armando Traferri, representante de la bancada justicialista en la primera reunión del Consejo provincial de Seguridad, no estuvo presente en la reunión de ayer. La Cámara Alta solo estuvo representado por Rodrigo Borla (UCR – San Justo). Tampoco estuvo en la reunión la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Ruptura PJ
Las diputadas provinciales justicialistas Matilde Bruera y Paola Bravo acordaron conformar un bloque propio en la Legislatura. La primera ingresó en la lista de María Eugenia Bielsa y la segunda representa a La Cámpora. La decisión sorprendió a sus propios compañeros de bloque. Bravo había anunciado que pediría formar un monobloque y Bruera sostiene posturas independientes del Poder Ejecutivo.
“La conducción del peronismo es Cristina, son todos compañeros los del bloque, pero quizás tengan otra conducción”, explicó Bravo.
Los restantes justicialistas son Leandro Busatto, Luis Rubeo, Ricardo Olivera y Lucila De Ponti más Oscar Martínez (Frente Renovador) y ahora se unió al sector Cesira Arcando (Fe)
