Juntan firmas para la autonomía municipal
El diputado Rubén Giustianini (Igualdad) presentará esta semana en Mesa de Entradas el proyecto de ley para reglar en la provincia el alcance y contenido de la autonomía municipal “en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
El proyecto que firma su compañera de bloque, Agustina Donnet, y que ofreció a sumarse a pares de los diferentes bloques apunta a cumplir con la advertencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación que exhortó a las autoridades santafesinas “a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del mandato que emerge del art. 123 de la Constitución Nacional”, el artículo que otorga autonomía a los municipios.
El proyecto de 13 artículos está ya redactado y el objetivo es sumar la mayor cantidad de firmas posibles. La semana pasada, Giustiniani y Donnet se reunieron con el intendente rosarino, Pablo Javkin, para interiorizarlo del tema y en los próximos días harán lo propio con Emilio Jatón y líderes municipales de la UCR y del PJ.
Durante años los proyectos de autonomía presentados en Diputados por diversos sectores políticos durmieron en los cajones de las comisiones por entender que el tema está reservado a una eventual reforma de la Constitución. Pero ahora, en un amparo tramitado por la Asociación del Personal Municipal de Las Colonias contra Festram, la Corte hace la exhortación a que Santa Fe se ponga en línea con los derechos consagrados en la Constitución Nacional. El fallo es del 29 de octubre último.
La reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente a los municipios de provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter de sujetos inexorables del régimen federal argentino y estableció el standard de autonomía para todos ellos. Para Giustiniani, ahora “es necesario resolver esta situación que debido a la incompatibilidad de normas pone en falta a la Provincia de Santa Fe. Esta contradicción entre dos normas jurídicas debe resolverse según el “criterio jerárquico” ; por los tanto, cuando dos normas son incompatibles prevalece la norma jerárquica superior”. Acota que la Constitución Nacional deja en manos de las provincias reglar el alcance de autonomía. Lo hace a partir de, en primer lugar, asegurar tal autonomía, situación que no se evidencia en el texto constitucional de Santa Fe. Sin embargo, el mandato constitucional nacional es claro: consiste simplemente en garantizar un régimen municipal, un régimen municipal autónomo”.
Para cumplir con la norma nacional, la propuesta es una ley que corrija y armonice la situación. El proyecto dispone que tendrán autonomía aquellos municipios que dicten sus propias cartas orgánicas en el marco de esta ley y propone mantener la plena vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 para el resto.
En sus artículos, el proyecto fija las competencias que tendrán los municipios, los autoriza a dictar sus cartas orgánicas, habilita el funcionamiento de convenciones constituyentes en cada ciudad y le fija los contenidos mínimos que deberán tener en cuanto a la hora de establecer la futura carta orgánica.
Pionera
En los fundamentos, Giustiniani no deja de reconocer que Santa Fe fue pionera en materia de autonomía municipal cuando, la Constitución de 1921 fue la primera en el país que hizo efectivo ese reconocimiento. Las ciudades de Rosario y Santa Fe fueron pioneras en el ejercicio de esta potestad, dictando sus propias Cartas Orgánicas entre 1932 y 1933. En 1935, intervenida la provincia, la Constitución de 1921 fue derogada y con ella la autonomía municipal.
La defensa de Balagué
La ex ministra de Educación y hoy diputada provincial Claudia Balagué (PS) respondió a la decisión del gobierno provincial que anticipó que analiza dar de baja tres concursos docentes, afectando a 800 agentes que perderían la titularidad de su cargo. “Se trata de un nuevo ataque de la gestión de Omar Perotti a la Educación, que se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia, y la derogación del bono a reemplazantes”, afirmó.
“Por acción u omisión del Ejecutivo actual se ponen en peligro derechos laborales”, explicó. Recordó que “desde el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente, apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos”.
Balagué destacó que en los 12 años de gestión del FPCyS se titularizaron 55.000 cargos. “Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes”, alertó.
Según la legisladora, el Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso ni sugirió anular o revocar las designaciones. “Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio”, sostuvo.
Para Balagué, “los cargos en cuestión afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Se trata de integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas, perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos”, resaltó.
Un informe publicado por Flacso Argentina indica que, por la suspensión de clases en pandemia, unos 110.000 jóvenes de Santa Fe abandonaron sus estudios. Para Balagué los agentes, “a los que se pretende cercenar sus derechos, deberían estar recorriendo los barrios revinculando a niños, niñas y adolescentes con las escuelas”.
En otro punto, la diputada explicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. “Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras”, afirmó.
Por último, Balagué reveló que durante el año pasado se elaboró un informe detallado, especialmente en el punto de los concursos docentes, que se puso a disposición de la actual ministra Adriana Cantero, quien “rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición” y “fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo”.
