La exguerrilla de las FARC reconoce autoría en crímenes de lesa humanidad
Líderes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC admitieron hoy su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les imputó el tribunal de justicia transicional surgido del acuerdo de paz en Colombia.
“Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto” de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes de la extinta guerrilla que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.
“Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares”, agregaron, citados por el diario El Tiempo.
En una conferencia de prensa virtual, los exguerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento con la aceptación formal de los delitos que se les imputan.
“Igualmente hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (…), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias”, declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada cuando pertenecía a la guerrilla.
Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más importante de la región fueron imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.
Entre ellos se destacan Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del pacto de paz, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez escaños parlamentarios otorgados al nuevo partido.
En tanto, uno de los acusados falleció el pasado enero.
La imputación a los exdirigentes de las FARC fue la primera hecha por la JEP desde su creación en 2017, encargado de juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado con un enfoque más centrado en la búsqueda de la verdad y la reparación que en el punitivismo.
Durante su prolongada y fallida lucha militar por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos, y en distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas.
Desde que la guerrilla depuso las armas en 2017 y aceptó someterse a la JEP, los líderes comparecen ante el tribunal para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido.
Quienes cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel.
De momento, el tribunal especial no se ha pronunciado al respecto.
