La Justicia pidió informes por el uso de la base de datos de la ANSES

La jueza María José Sarmiento, del fuero Contencioso Administrativo Federal, le dio al Gobierno tres días de plazo para que explique las razones del decreto que dispone el uso de la base de datos de la ANSES para políticas de comunicación oficiales.

La magistrada tomó esa decisión tras declararse competente para entender en una acción de amparo presentada a título personal por la abogada Valeria Laura Carreras contra la decisión del gobierno de traspasar la base de datos de la ANSES, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. El escrito de la letrada incluye un pedido de medida cautelar para suspender la medida.

La ley de amparo prevé que antes de resolver, los jueces deben pedir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe. En este caso, la magistrada resolvió enviar un oficio al Poder Ejecutivo para que en 72 horas realice ese reporte.

El 25 de julio, el Gobierno anunció a través de la resolución número 166-E/2016, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y publicada en el Boletín Oficial, que la Jefatura de Gabinete podrá utilizar los datos personales de los ciudadanos registrados en las bases de ANSES para aplicarlos a estrategias de comunicación.

De acuerdo al convenio, que tiene una duración de 2 años, la ANSES remitirá periódicamente su base de datos relacionada con “Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios” de los ciudadanos para “contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública”.

La oposición cuestionó la medida al advertir que se trataba de una intromisión en la vida personal de los ciudadanos para hacer “propaganda” política y un “avance contra las libertades democráticas”, al tiempo que atribuyó esa iniciativa a una “inteligencia oscura”.

Además de la acción de amparo, la abogada Carreras denunció penalmente a Peña en una causa que recayó ante el juez federal Ariel Lijo y que ya fue informada en el marco del expediente en el que pidió un freno al traspaso de las bases de datos.