La Unión Europea debate sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania
Rusia niega enfáticamente su participación en la masacre difundida ampliamente por redes sociales y el domingo, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU celebrar una reunión sobre lo que su representante permanente adjunto, Dmitri Polianski, calificó de “flagrante provocación de los radicales ucranianos en Bucha”, pero el Reino Unido, que ejerce la presidencia pro-témpore del consejo , denegó esa convocatoria.
El bloque europeo “avanzará, con carácter de urgencia, en el trabajo para nuevas sanciones contra Rusia”, agregó el responsable.
Esta nueva serie de sanciones está siendo debatida entre los 27, pero es necesaria la unanimidad para adoptar penalidades adicionales.
El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este lunes de sanciones individuales y medidas contra “el carbón y el petróleo”, pero no mencionó la compra de gas, un tema que divide a los países europeos.
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El canciller alemán, Olaf Scholz, también reclamó nuevas sanciones ayer después de calificar de “crímenes de guerra” el asesinato de civiles en Bucha.
Sin embargo, Alemania sigue rechazando sanciones que apunten al sector del gas ruso.
“Tenemos que plantearnos sanciones duras, pero a corto plazo el suministro de gas ruso no es sustituible” e interrumpirlo “nos perjudicaría más a nosotros que a Rusia”, dijo el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, antes de una reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo hoy.
Lindner rechazó dar más detalles sobre la posibilidad de sancionar el sector del carbón y del petróleo.
Austria tampoco está a favor de sanciones sobre el gas.
“Somos muy dependientes del gas ruso en Austria. Las sanciones no deben afectarnos más de lo que afectan a Rusia”, dijo el ministro de Finanzas austriaco, Magnus Brunner.
Una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debe tener lugar el 11 de abril en Luxemburgo. También se prevé una cumbre europea extraordinaria sobre el conflicto en Ucrania, la situación económica y la defensa europea, prevista “a finales de abril inicios de mayo”, indicó el gabinete de Josep Borrell.
Polonia, en tanto, pidió a través del primer ministro Mateusz Morawiecki, crear una comisión internacional de investigación sobre lo que calificó como “genocidio” cometido por el ejército ruso en ciudades ucranianas, entre ellas Bucha.
España, en tanto, incautó en las islas Baleares el yate de un magnate ruso cercano al presidente Vladimir Putin y objeto de sanciones de Washington, informó hoy la Guardia Civil española.
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La operación la llevaron a cabo en Palma de Mallorca agentes de la Guardia Civil y de las agencias estadounidenses del FBI y el HSI (Homeland Security Investigations), como resultado de una comisión rogatoria estadounidense, precisó el cuerpo policial español en un comunicado.
Bautizado “Tango”, este yate de 78 metros de eslora, cuyo valor se estima en 90 millones de euros, es “propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg”, según la Guardia Civil.
Vekselberg integra una lista de siete oligarcas rusos próximos al Kremlin, sancionados en abril de 2018 por Washington, que les acusa de haber participado en ataques de Rusia a las democracias occidentales.
Se trata del cuarto yate incautado en España desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Se sospecha que los otros tres pertenecían a multimillonarios cercanos al poder y sancionados por la Unión Europea.
