Le robaron la identidad y le niegan la jubilación: el calvario que vive una mujer por un fraude bancario

Mónica Bustos es una mendocina de 58 años que se presentó el pasado 17 de abril 2024 en las oficinas de Anses para buscar información y complementar la documentación para iniciar sus trámites jubilatorios ante la amenaza del fin de la ley de moratoria previsional. Vive en la humilde localidad de kilómetro 11 en el municipio Guaymallén, por lo que se dirigió a la sucursal de ese departamento.

Una vez en el lugar la empleada administrativa que la recibió le manifestó que hasta tanto no cancelara una millonaria deuda con Afip, no podría iniciar ningún trámite. Su inmediata reacción fue de sorpresa y apenas pudo, quiso preguntar a qué deuda millonaria hacía referencia. Cómo respuesta la empleada  le dijo que estaba inscripta como monotributista y que en todo caso debía acercarse a la Afip, para mayor información.

Con todos los interrogantes habidos y por haber en su cabeza, Mónica se dirigió a la sede central de Afip ubicada en Avenida San Martín y Garibaldi de la capital mendocina. Allí le fue informada que desde el año 1998 figura como monotributista y responsable de una tienda de ropas ubicada en calle Mitre en la ciudad bonaerense de Avellaneda.

A medida que se iba sorprendiendo por la información brindada, en la Afip de Mendoza la anoticiaban que el monto de la deuda, impagable por su situación económica actual, supera los 6 millones de pesos.

De profesión peluquera, Mónica hizo el mayor esfuerzo:  juntó dinero y con su hija viajaron a la localidad Avellaneda en búsqueda de la verdad.

Primero fueron hasta el domicilio donde la Afip le dijo que estaba declarado el comercio a su nombre sobre la céntrica Avenida Mitre. Una vez que dió con el local ingresó con su hija, compraron una prenda y al momento de pagar pidieron la factura. La persona que las atendió les manifestó que las prendas se venden en efectivo, pero que no dan ticket ni factura. Mónica Bustos le dice entónces que le va a pagar con Mercado Pago. Una vez concretado el pago guardó los datos de la persona que le recibió el envío.

Inmediatamente se fue a la Afip de Avellaneda a exponer su caso y convertirlo en denuncia. La empleada que la recibió escuchó y solo atinó a contestarle que es imposible obtener registro de alta del año 1998 porque es una sede que cada tanto se inunda y esto ocasiona pérdida de documentación que debería estar resguardada en archivos.

Ante la falta de respuesta se fue a la sede de la Municipalidad de Avellaneda. Allí escucharon su relato pero no le brindaron tampoco ninguna asistencia.

Ante las antipáticas experiencias tanto en el comercio de Avenida Mitre, como en Afip de Avellaneda y en el propio Municipio, la víctima se dirige a la sede de la Policía Federal, por considerarse víctima de una estafa.

Una vez en sede policial, le dijeron que si bien los hechos sucedieron en Provincia Buenos Aires, ella tiene domicilio desde siempre en Mendoza (acreditado con DNI y constancias de emisión de Voto), debía dirigirse a la Policía bonaerense.

Mónica y su hija caminaron alrededor de 16 cuadras hasta dar con la sede policial. Allí escucharon su padecimiento y la respuesta fue que no podían tomarle la denuncia.

Agotada por la falta de interés de parte de autoridades y empleados del ámbito público decide regresar a Mendoza con la tristeza de no tener a quién recurrir. En contacto con diariocronica.com.ar, la víctima repasa su calvario con la voz entrecortada pero firme, segura de su relato.

Nos cuenta que hizo la denuncia virtual en la oficina fiscal y que no ha sido contactada. En Mendoza trabajadores y funcionarios de las oficinas fiscales cumplen el segundo mes de paro por tiempo indeterminado en demanda de aumentos salariales.

Al ser consultada si pidió asistencia a algún profesional del derecho, nos comenta que para asumir el patrocinio e iniciar la investigación le solicitaron una suma cercana a los 2 millones de pesos. Imposible, ya que trabaja por cuenta propia.

Mónica Bustos teme ser víctima de una red mafiosa que opere con complicidad de organismos públicos con ramificaciones en las fuerzas de seguridad.