Ley de Envases: malestar de empresas de EE.UU. que operan en la Argentina
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) repudió el avance en dictamen y cuestionó al Poder Ejecutivo por la creación de un nuevo impuesto. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) repudió la Ley de Envases luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitiera dictamen del proyecto en la tarde de ayer. En un extenso mensaje, detalló los motivos por los cuáles considera “preocupante” el avance de una ley “anacrónica”
La iniciativa obtuvo el respaldo del oficialismo y otras bancadas menores, mientras que Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a esta propuesta y presentó un dictamen de minoría que contempla un marco regulatorio sobre el reciclado de residuos. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
Uno de los puntos centrales es la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
En este marco, AmCham expresó: “Ante la presentación de esta iniciativa, y su tratamiento en comisiones, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresa su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”.
Por otra parte, afirmaron su compromiso con el cuidado del medio ambiente y de la necesidad “de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país”. Por otro lado, remarcaron su apoyo a los esquemas de reciclaje inclusivo, “pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”.
Los puntos débiles de la Ley marcados por Amcham son: “que no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación” y agrega: “Otro de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”.
Con dureza, afirmaron: “Lo lógico, si todos estuviésemos de acuerdo, sería que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación”.
Amcham resalta que el proyecto es cuestionable por su “debilidad constitucional” al “vulnerar derechos de las provincias, básicamente, porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público, una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”.
Las empresas señalan al Poder Ejecutivo en la creación de nuevos impuestos (en los que se estima será del orden del 3%) “sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo”.
Por último advirtieron las consecuencias que puede llegar a tener la medida en la industria: “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible” resaltando la necesidad de mantenerse bajo reglas de libre empresa.
