Los fiscales provinciales son competentes para investigar lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un recurso de las defensas de los profesionales y empresarios involucrados en la megacausa por fraude inmobiliario. Habrá juicio en 2020 y será también por ese delito, que prevé multas millonarias.
El máximo tribunal de Santa Fe declaró “inadmisible” un recurso de la abogados defensores de profesionales y empresarios involucrados en la “megacausa” por fraude inmobiliario y ratificó que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación son competentes para investigar lavado de activos.
La resolución, que tiene la opinión inicial por el rechazo del ministro Daniel Erbetta, responde a una presentación de los abogados que representan a distintos acusados, que buscaron llevar el debate al letargo de la Justicia Federal. Netri, Falistocco, Gastaldi, el presidente Gutiérrez y Spuler votaron en igual sentido que Erbetta.
Fuentes judiciales valoraron que el fallo “tiene una relevancia central en la política de persecución penal provincial”. Además, que “remueve un obstáculo insalvable si se quiere una persecución no selectiva, o mejor dicho selectiva de manera inversa”.
El delito de lavado había sido introducido por los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot desde la primera audiencia imputativa, que fue en octubre de 2016, cuando la investigación trascendió por los allanamientos y detenciones de los primeros involucrados.
Habrá juicio oral
A fines de diciembre, los jueces Gonzalo López Quintana, Héctor Núñez Cartelle y José Luis Suárez convalidaron la acusación de los fiscales Narvaja y Haurigot y finalmente más de una decena de profesionales y empresarios de alto perfil estarán sentados en el banquillo por delitos alrededor de maniobras de estafa con campos, lotes e inmuebles.
Así, 15 personas serán sometidas a juicio oral y público. Se exponen a penas que van desde los tres años y medio hasta los 18 años de cárcel, según lo que plantearon los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Además, hay pedidos de multas que en determinados casos superan los 70 millones de pesos y de inhabilitaciones especiales para los profesionales implicados.
Entre los más comprometidos aparecen el escribano Eduardo Martín Torres, el empresario Juan Roberto Aymo, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el contador Marcelo Basilio Jaef y Leandro “Lelo” Pérez, ex novio de la vedette Vicky Xipolitaxis.
La acusación aceptada por los jueces incluye los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero. Por esta última calificación es que los fiscales solicitan sanciones económicas por al menos tres veces el monto de las operaciones realizadas.
Es por los casos Lacava, Luppi, Marelli, Giménez, Coman y Achaga, que comprenden en su conjunto la compraventa fraudulenta de un campo de Villa Amelia –propiedad de viuda del un excamarista–, de inmuebles de Presidente Roca 8 y 20, Córdoba 7654, Virasoro 5390, el 50% de un terreno de Villa Amelia y al menos cuatro lotes en General Lagos y Arroyo Seco.
