Multas de entre 2.000 y 4.000 para quienes no usen barbijos en María Juana
Es otra de las localidades santafesinas que se suma a la medida preventiva frente al Covid-19. Además, y al igual que en San Vicente, se había habilitado la reapertura de algunos rubros comerciales que no estaban incluidos en el decreto nacional. Rápidamente debieron dar marcha atrás y aseguraron que se trató de un “error de interpretación”.
La Comuna de María Juana se puso estricta con el uso de barbijos obligatorios para toda la comunidad y, luego de decretar la ordenanza que comenzó a regir este lunes, a partir del miércoles se pondrán firmes con la aplicación de sanciones económicas. Las multas para los infractores van desde los $ 2.000 hasta los $ 4.000 para quienes sean reincidentes.
“En estas horas hicimos una tarea de concientización previa. El primer día la gente respondió muy bien”, explicó el presidente comunal, Amadeo Bazzoni. Además, en el inicio de semana, también se había habilitado una serie de rubros a nivel local para reactivar la economía, aunque la medida duró poco tiempo y debieron dar marcha atrás. La decisión iba en contra del decreto del gobierno nacional. Una situación similar se vivió en San Vicente donde se anunció una flexibilización para determinados trabajos que, más tarde, debieron cancelar.
Es una de las tantas localidades que avanza con nuevas medidas en medio de la cuarentena. La ordenanza comunal de María Juana comenzó a implementarse este lunes, pero ya desde el miércoles iniciarán las sanciones para aquellas personas que no cumplan con la resolución. “El uso de barbijos obligatorios es para quienes circulen por la vía pública como todos los que se encuentren trabajando, sea en un comercio como en la administración”, destacó Bazzoni.
Asimismo, el presidente comunal aclaró que los días previos a la puesta en vigencia de la resolución se hizo un trabajo de concientización social, pero transcurrido un tiempo prudencial a su entender comenzarán a regir las sanciones. “Este miércoles se empezarán a aplicar las mutas económicas. Van desde $ 2.000 inicialmente a los infractores a $ 4.000 para aquellos que sean reincidentes”.
En tanto, se mostró satisfecho por el nivel acatamiento de los ciudadanos durante las primeras horas. “El lunes los vecinos demostraron que son conscientes e hicieron caso al uso obligatorio del barbijo”, sostuvo.
Un medida de pocas horas
En las últimas horas se generó una fuerte polémica por una medida que habían anunciado las Comunas de María Juana y San Vicente. Ambas localidades del departamento Castellanos habilitaron la reapertura de algunos rubros comerciales para comenzar a reactivar, de a poco, la economía local. Para ello había dispuesto un cronograma de horarios para su funcionamiento tratando de evitar que se produzca aglomeramiento en las calles.
Gasistas, plomeros, albañiles, pintores, carpinteros y electricistas estaban habilitados para realizar sus tareas. La misma suerte regía para tiendas de ropa, inmobiliarias, librerías, peluquerías, relojerías y locales de venta de accesorios, pañaleras, carpinterías, corralones, veterinarias y locales de artículos de bazar, electrónica y el hogar, entre otros. Para todos ellos, el máximo de personas dentro del lugar era de dos y cada cual contaba con determinadas franjas horarias para abrir sus puertas.
Sin embargo, durante la tarde noche del lunes debieron dar marcha atrás. En redes sociales se informó que la medida quedaba cancelada. Es que la decisión iba por encima del decreto nacional y habilitaba rubros que ni el presidente Alberto Fernández había flexibilizado. “Debido a un error de interpretación de las normas legales, se deja sin efecto la disposición emitida este lunes, donde se habilita a comercios y rubros no comprendidos en el Decreto Nacional. Quedamos a la espera que el Comité de Crisis departamental gestione su aprobación ante el gobierno nacional”, informaron en redes sociales desde el Ejecutivo de María Juana.
Por su parte, el presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira, también fue por el mismo camino y debió cancelar la resolución emitida el lunes. “Debido a un error de interpretación de las normas legales, se deja sin efecto la disposición donde se habilitaba el funcionamiento de comercios y rubros no comprendidos en el Decreto Nacional. En nuestro análisis primó la angustia de trabajadores y pequeños comerciantes que no pueden cumplir con las necesidades básicas de sus familias y /o compromisos”, anunció en redes sociales.
