Ni Rusia, ni EE.UU., ni China responden ante la Corte Penal Internacional
La Federación Rusa no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y considera sus decisiones nulas y sin valor, dijo el viernes a los periodistas el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, al comentar sobre la emisión por parte de este organismo de una orden de arresto contra el líder ruso, Vladimir Putin.
“Consideramos que la misma formulación de la cuestión es escandalosa e inaceptable, Rusia, al igual que varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de vista de la ley”, dijo el portavoz del Kremlin.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin
“Eso es, de hecho, lo único que me gustaría y podría decirles sobre esta decisión”, agregó.
Peskov no se pronunció sobre la pregunta aclaratoria de si esta decisión judicial afectará las visitas de Putin a países que reconocen la jurisdicción de la CPI: “No tengo nada que agregar sobre este tema”.
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Más temprano el viernes, se supo que la CPI había emitido órdenes de arresto contra Putin y la comisionada presidencial para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova.
La Corte Penal Internacional fue establecida por el Estatuto de Roma de 1998. No es parte de la ONU y es responsable ante los países que han ratificado el estatuto. Los países que no son parte del estatuto incluyen a Rusia (firmado, pero no ratificado), Estados Unidos (firmado, pero luego retirado) y China (no firmó el estatuto). En 2016, Putin firmó un decreto según el cual Rusia no se convertiría en miembro de la CPI. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, este tribunal “no justificó las esperanzas puestas en él y no se convirtió en un organismo de justicia internacional verdaderamente independiente”.
¿POR QUÉ EE. UU., CHINA O RUSIA NO ACEPTAN LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
La Corte Penal Internacional (CPI) es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.
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La Corte Penal Internacional (CPI) es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI. Sin embargo, la Corte tiene importantes fronteras que no puede cruzar a la hora de expedir dictámenes. Para empezar, su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
Estados Unidos es especialmente relevante porque, de hecho, su Gobierno formó parte de la negociación y redacción del Estatuto de Roma, pero después nunca lo ratificó. Este país atraviesa, en la actualidad, momentos de clara hostilidad hacia el tribunal. Episodios como la reciente denegación de su visado a la fiscal que investigaba posibles crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán no han hecho más que avivar dicha tensión.
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En un primer momento, el país norteamericano se mostró muy activo en las negociaciones para crear la Corte. No obstante, su propuesta original de que la CPI quedara supeditada al Consejo de Seguridad de la ONU fue rechazada —lo que, por la conformación del Consejo, habría significado que EE. UU. hubiera tenido poder de veto sobre los casos aceptados—. Ante la negativa del resto de naciones, la propuesta quedó aparcada, momento a partir del cual la superpotencia norteamericana se ha venido distanciando del proyecto del tribunal.
En este sentido, aunque EE. UU. ha mantenido diversas posiciones respecto al tribunal —desde la cooperación hasta la aversión pasando por la indiferencia— ninguna Administración se ha mostrado dispuesta a integrarse en la institución. Hay quien considera que la entrada del país en la Corte es muy improbable debido a algunas de las nociones políticas básicas estadounidenses. Entre otras, destacan la reticencia a ceder competencias a organismos internacionales o el miedo a que leyes acordadas internacionalmente acaben vulnerando su identidad nacional, así como a que sus ciudadanos sean juzgados por un organismo no estadounidense.
La Federación Rusa también firmó el Estatuto pero no llegó a ratificarlo. Entre otras cuestiones, ha aflorado la tensión debido a las sugerencias del tribunal de que la situación en Crimea es un conflicto bélico internacional. Esto se suma a las acusaciones que se han proferido contra el Gobierno de Putin por su actuación en la guerra siria, dando lugar a que el país haya retirado su firma del Tratado de Roma en 2016.
China, por su parte, ha criticado la supuesta parcialidad de la Corte Penal Internacional. En este sentido, instituciones como Amnistía Internacional también han apuntado a la excesiva atención —casi en exclusividad— que el tribunal presta a África. Asimismo, el país asiático acusa al tribunal de no respetar la ley internacional —puesto que el Estatuto de Roma dictamina que la CPI puede vulnerar la inmunidad de jefes de Estado— o de poner en peligro el sistema de seguridad internacional al duplicar las capacidades del Consejo de Seguridad. Por otro lado, a Pekín le llueven las críticas tras haber sido señalada como responsable de crímenes contra la humanidad por sus conflictivas acciones en el mar de China Meridional y su destrucción medioambiental, entre otros asuntos.
En definitiva, las razones por las que países como China, EE. UU. o Rusia no aceptan la actuación de la Corte Penal Internacional responden a intereses políticos diversos, que incluyen desde evitar ser procesados por acontecimientos puntuales hasta motivaciones insertas en la tradición política nacional. Sea como fuere, las críticas realizadas al tribunal demuestran que sus problemas exceden el que las grandes potencias no estén dispuestas a someterse a su jurisdicción.
