No recibirán más presos en las comisarías de la provincia de Santa Fe
Por medio de la resolución 0665, declararon el estado de emergencia de las dependencias de Santa Fe y resolvieron que, hasta que no se adecue la cantidad de personas detenidas a las capacidades, no se recibirán más detenidos en las comisarías de toda la Provincia.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe declaró el estado de emergencia en todas las comisarías y resolvió que no se recibirán más detenidos en las comisarías provinciales hasta que no se adecuen las cantidades de presos a las capacidad de plazas disponibles. Fue a través de la resolución 0665 y luego de conocer los resultados de un relevamiento sobre las condiciones de los alojamientos de presos en las comisarías de las distintas Unidades Regionales de la Policía de Provincia.
La mayor crisis la presenta la Unidad Regional I del departamento La Capital con 250 detenidos y a capacidad es de 131.
El informe realizado a partir de marzo de este año arrojó que hay 723 personas alojadas en las distintas Unidades Regionales, cuando la capacidad total es de 664 plazas de detención. La mayor crisis la presenta la Unidad Regional I del departamento La Capital con 250 detenidos y la capacidad es de 131, es decir, aloja casi el doble de los detenidos para los que está habilitada.
La medida fue ordenada luego de una audiencia realizada el 12 de mayo por un Habeas Corpus Correctivo en favor de los alojados en la Comisaría 12° de la URI, en la que se resolvió intimar al Ministerio para arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados.
Además de las cantidades excesivas de detenidos, en la resolución que lleva la firma del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, destacan “condiciones de vulnerabilidad” en las que se encuentran las comisarías. Esto refiere al mal estado edilicio de las construcciones antiguas, y la falta de obras y de mantenimiento, que representan “un peligro para la vida e integridad psicofísica de las personas detenidas y de los funcionarios/as policiales”.
La resolución del Ministerio explica que “en los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas”, y estiman que en los próximos meses la situación se complicará si no toman esta medida. “No es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca”, indica la resolución.
En el documento hay un pedido al Poder Judicial para que sea quien revea sus decisiones “de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”.
